Pocas veces en la historia del país, como ocurre ahora, se ha presentado una ocasión tan clara para verificar cómo, detrás de discursos políticos inclusivos, de reivindicación histórica y de empoderamiento de sectores oprimidos, se puso en marcha en secreto un sistema de enriquecimiento ilícito a cargo de los supuestos salvadores de la patria, armados de consignas como la “industrialización” o el “proceso de cambio”. Es la oportunidad para desmontar lo que sostuvo por décadas el saqueo a todo nivel: la corrupción, la complicidad, el chantaje mutuo y la impunidad.
El presidente Rodrigo Paz la anunció el 20 de noviembre y la presentó el 15 de diciembre de 2025. La Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos nació con el propósito de desentrañar la corrupción y los desfalcos planificados y cometidos en ese sector estratégico de altísimos presupuestos anuales. Pueden crearse otras, dijo, en distintas áreas donde se detecte robo de recursos públicos para el enriquecimiento ilícito de exgobernantes. Resulta difícil calificar su desempeño inicial, porque la información que genera la comisión sigue siendo difusa.
La secretaría técnica, a cargo del Viceministerio de Transparencia, anticipó una metodología que incluía reuniones periódicas de sus integrantes —ministerios de la Presidencia e Hidrocarburos, Procuraduría General, ANH, YPFB y representantes de las bancadas políticas— para evaluar avances, contrastar testimonios con documentación específica, definir nuevas líneas investigativas y comunicar oportunamente los resultados.
Se entiende que las pesquisas judiciales, auditorías y demás acciones de investigación y verificación corresponden a las instancias encargadas de esas tareas, mientras que la Comisión de la Verdad observa, analiza y se pronuncia sobre el conjunto de esos actos y hallazgos, en función de su objetivo central. Su radio de acción debe ser integral. Solo así podrá explicarle al país cómo se organizó, funcionó y expandió el sistema oprobioso durante los regímenes del MAS, y cómo se conectó con gobiernos del socialismo del siglo XXI en la región.
En Argentina, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada en 1983 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, marcó un hito en la transición democrática tras la última dictadura militar (1976-1983). Sirvió para investigar de manera sistemática el terrorismo de Estado, romper el silencio impuesto por los militares y reconocer oficialmente a las víctimas. Representó una decisión política audaz: afirmar que la democracia debía construirse sobre la verdad.
Tuvo un rol tanto investigativo como testimonial. Recibió miles de denuncias, documentó centros clandestinos de detención, reconstruyó patrones represivos y recopiló testimonios directos de sobrevivientes y familiares. Sus resultados trascendieron el mandato original. El informe “Nunca Más”, redactado esencialmente por su presidente, el escritor Ernesto Sábato, fue pieza clave en el Juicio a las Juntas de 1985 y se convirtió en un símbolo internacional de la lucha por los derechos humanos.
En América Latina, diversas comisiones de la verdad surgieron después como respuestas institucionales a dictaduras y conflictos armados internos, con alcances y resultados desiguales. Funcionaron en Chile, Perú, Guatemala, El Salvador, Colombia y Bolivia, aunque el alcance y los resultados de esta última fueron decepcionantemente limitados en comparación con otros países de la región.
La Comisión de la Verdad boliviana fue creada en 2017, durante el régimen de Evo Morales, con el mandato de investigar graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado entre 1964 y 1982 —período marcado por dictaduras militares, entre ellas las de Hugo Banzer y Luis García Meza—. Su objetivo central era esclarecer desapariciones forzadas de líderes políticos y sociales, ejecuciones, torturas y persecuciones políticas, así como identificar responsables y proponer medidas de reparación.
Entregó su informe final en 2021 al presidente de entonces, Luis Arce, sin haber logrado la desclasificación de los archivos castrenses que ayudaran a ubicar los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros desaparecidos forzados. A diferencia de Argentina, sus resultados judiciales y políticos fueron inocuos, limitándose a reconocer retóricamente la responsabilidad estatal en crímenes de lesa humanidad.
Eso no puede repetirse ahora con la comisión encargada de descifrar la corrupción en los hidrocarburos: un sistema controlado directamente por el presidente del Estado, integrado por personajes clave incrustados en áreas neurálgicas, con familiares y entornos próximos implicados a fondo. Existe ilusión —y expectativa— por conocer la verdad a la que el presidente Paz siempre alude. Es de esperar que parcelar el caso Botrading en 1 y 2 no sirva para extraviarla.
Por el momento, la Comisión de la Verdad, que debió dotarse de independencia política y pluralidad, ha terminado remplazando al Ministerio Público y a otras instancias menores ante la magnitud de sus responsabilidades, sin mostrar avances concretos ni rumbo claro en las investigaciones sistematizadas.
Por supuesto que los medios estamos ávidos de informar sobre aprehensiones, extradiciones, imputaciones, encarcelamientos preventivos y más, pero también quisiéramos conocer la contextualización histórica, los patrones corruptos, la permeabilidad institucional y la responsabilidad política, entre otros aspectos de fondo.
La Comisión de la Verdad está ante el desafío de producir informes claros, accesibles y pedagógicos, acompañados de una estrategia de difusión que permita a la sociedad apropiarse de los resultados. El silencio o la opacidad debilitan incluso los mejores hallazgos y harán que la gente, dentro y fuera de Bolivia, se pregunte para qué sirvió la Comisión de la Verdad.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
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