
¡Cómo pasa el tiempo! Ya ha transcurrido medio año y, a la hora de evaluar la economía del país a la luz de la información disponible, podría decirse que las principales preocupaciones de la gente son el posible crecimiento modesto, nulo o negativo del Producto Interno Bruto y la inflación anualizada cercana al 10 %.
Esta situación no es nueva. Bolivia venía arrastrando dos años consecutivos de contracción económica, tres años seguidos de déficit comercial y doce años de déficit fiscal, además de haber registrado la mayor inflación del siglo XXI en 2025, con un 20 %. Ese fue el legado que recibió el actual gobierno, que asumió el 8 de noviembre del año pasado. A esto se sumó que, hace poco, en mayo y junio, los bloqueadores echaron más leña al fuego con una actitud destructora y sediciosa, lo que empujó a Bolivia a tres grandes pérdidas: económica, de confianza y de esperanza.
En efecto, la cuantiosa pérdida económica —superior a los 3.000 millones de dólares— provocada por los bloqueos provocó menores niveles de producción de bienes y servicios, una caída del comercio interno, una baja en la recaudación tributaria y una fuerte reducción en el ingreso de divisas. Todo ello ha generado en la población un deterioro de su bienestar por el aumento del costo de vida, tal como se escucha en las calles: “todo ha subido”.
La segunda afectación tiene que ver con el cambio de actitud de los agentes económicos —empresarios y consumidores—, un fenómeno peligroso relacionado con la pérdida de confianza. Tan grave ha sido el impacto de los bloqueos que, ante un futuro incierto, muchas personas gastan menos, invierten menos y posponen decisiones importantes. Esto puede ocasionar un mayor enfriamiento de la economía, ya que es sabido que todo funciona en base a las expectativas.
Finalmente, un tercer efecto negativo está en curso: la dramática reducción en la operación de cientos de miles de empresas y unidades productivas está impactando en decenas de miles de empleos, con el consiguiente golpe a los ingresos familiares. Esto está llevando a la gente a una dolorosa pérdida de esperanza y abre la posibilidad de que se instaure un pernicioso círculo vicioso.
Si bien toda Bolivia perdió —en su economía, imagen externa y, lamentablemente, también en vidas humanas—, el sector productivo, comercial y de servicios (del que dependen los empleos, los ingresos, los tributos y las divisas) fue el más afectado durante el primer semestre en todos los ámbitos: agropecuario, agroindustrial, forestal, maderero, manufacturero, exportador, importador, turismo, comercio, transporte, servicios y otros.
Y si bien el gobierno, a través del ministro de Economía y Finanzas Públicas, ha reiterado frente a los lapidarios pronósticos del Banco Mundial y del FMI su vaticinio de que en 2026 habrá un ligero crecimiento —Dios quiera que así sea, o incluso mucho más—, lo cierto es que la inversión privada requiere, en ausencia de incentivos, como mínimo, de previsibilidad. Ningún inversionista tomará decisiones de largo plazo en un país donde puedan volver a escasear los dólares o los combustibles, y donde a cualquier violento se le ocurra bloquear caminos y carreteras durante semanas.
¿Qué escenarios se podrían esperar para el segundo semestre? Todo dependerá de las decisiones que tomen los Órganos del Estado.
Se podría prever un escenario favorable siempre y cuando se acaben los conflictos sociales, se garantice el abastecimiento de combustibles, se restablezca la paz social y haya previsibilidad política. Esto podría dar lugar a un rebote económico con recuperación, estabilización, crecimiento y más empleos.
Pero si continúan los bloqueos, persiste la escasez de divisas y combustibles y se intensifica la polarización política, podría haber más inflación, menor crecimiento, caída de la inversión, aumento de la pobreza e inestabilidad social. Como nadie quiere eso, es necesario pensar cómo evitarlo. He aquí tres sugerencias:
Para la recuperación económica: No más bloqueos ni avasallamientos; libre exportación; liquidez y financiamiento al sector productivo, comercial y de servicios; plan intensivo de inversión pública de alto impacto; e incentivos tributarios y regulatorios para reanimar la oferta y el consumo interno.
Para la recuperación de la confianza en el país, el gobierno y las políticas públicas: Garantizar la seguridad jurídica y la correcta aplicación de la justicia; restablecer la institucionalidad democrática y el respeto al orden establecido; y construir un gran Pacto Social Productivo (gobierno-empresarios-obreros).
Para la recuperación de la esperanza: Aplicar la Ley a quienes trajeron dolor a la familia boliviana; convocar a la unidad nacional; declarar la producción, el empleo y la exportación como prioridad estratégica del Estado; lanzar una cruzada de apoyo a la industria nacional (“Hecho en Bolivia”, “Consuma lo nuestro”, “Compre Boliviano”); promover la reconciliación, el mutuo respeto y el rechazo a la violencia y los bloqueos; y forjar una nueva visión de un futuro virtuoso con la convicción de que otra Bolivia, con mejores días para todos los bolivianos, es posible.
Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.










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