Es evidente: la Gobernación de Potosí cuenta con recursos gracias a los altos precios de los minerales, que se mantienen en buen nivel desde hace al menos una década. Aunque las cotizaciones bajaron en algún momento, no afectaron gravemente a la minería, pues luego se recuperaron.
Dado que la minería es rentable, genera regalías que engrosan las arcas de la Gobernación. Ante este panorama, uno esperaría que la administración departamental estuviera impulsando el desarrollo de la región. Sin embargo, esto no ocurre. En Potosí siguen faltando fábricas o, al menos, proyectos productivos que no solo generen resultados económicos, sino que también creen fuentes de empleo.
¿Sabe cuál es la especialidad de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Potosí a la hora de aprobar proyectos? Canchas de césped sintético, una herencia del detenido exgobernador Jhonny Mamani.
En su momento, Mamani, quien protagonizó el escándalo de las ambulancias fantasmas, decidió convocar un campeonato intermunicipal de fútbol sub-18. El premio fue la construcción de una cancha de césped sintético, cuyo costo superó los 3.5 millones de bolivianos. Durante la inauguración, Mamani afirmó que era injusto que solo un municipio contara con un campo deportivo de este tipo, por lo que comenzó a construir más en otros municipios.
Cada proyecto, con un costo promedio de 3.2 millones de bolivianos, requería la aprobación de la ALD, que los masistas, mayoritarios en la asamblea, otorgaron sin reparos. Mientras el MAS permaneció unido, esto parecía lógico. Sin embargo, los meses pasaron, Mamani fue detenido preventivamente por presunta legitimación de ganancias ilícitas, y los proyectos de canchas de césped sintético continuaron llegando a la ALD y siendo aprobados. Incluso tras la división del MAS y su bancada en la asamblea, estos proyectos siguieron presentándose y recibiendo luz verde.
En junio de 2023, el diario El Potosí informó que la ALD había aprobado 33 proyectos de canchas de césped sintético hasta el 27 de abril de ese año, con un monto asignado que superaba los 113.3 millones de bolivianos. Es probable que esta cifra haya aumentado, ya que los proyectos continuaron aprobándose, incluso en 2025. La prensa ha advertido sobre esta situación, pero los asambleístas parecen no escuchar, no entender, o simplemente ignorar las críticas.
Los asambleístas argumentan que están respondiendo a las demandas de la población, ya que las canchas fomentan el deporte. Sin embargo, ignoran argumentos legales, como el hecho de que este tipo de proyectos son de competencia municipal y deberían ser ejecutados por las alcaldías, no por la Gobernación. Además, los municipios beneficiados no aportan contraparte alguna, lo que les impide fiscalizar estas obras y genera sospechas.
Otro punto es el costo. Cada cancha, con un precio promedio que supera con creces el de otros proyectos, contrasta con iniciativas como el internado de la Unidad Educativa Simón Bolívar en Huanaque, Llica, aprobado por 1.5 millones de bolivianos, o un posgrado en historia con la Universidad Tomás Frías, rechazado por apenas 70,000 bolivianos con el argumento de que no había fondos. Sin embargo, para las canchas siempre hay millones disponibles.
¿Por qué tanta insistencia en proyectos no productivos que consumen una parte significativa del presupuesto? ¿Acaso son una vía para la legitimación de ganancias ilícitas? Hasta ahora, los asambleístas no han respondido de manera convincente a estos cuestionamientos y continúan aprobando canchas de césped sintético mientras Potosí sigue sin avanzar hacia el desarrollo.
Juan José Toro Montoya es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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