Cien días en la conducción del país no los cumplen solamente los mandatarios Rodrigo Paz y Edmand Lara. De hecho, el 17 de agosto del año pasado, con motivo de las elecciones generales, fueron elegidas y elegidos 130 diputados, 36 senadores y 9 representantes supraestatales —sin contar a los suplentes— que, en conjunto, también deben pasar por la evaluación en el ejercicio del poder político durante el primer tramo del denominado nuevo ciclo.
Con la irrupción del masismo y sus dos tercios en el Congreso, en enero de 2006, el debate parlamentario y la búsqueda de concertación fueron guardados en la última gaveta del antiguo Palacio Legislativo. A partir de ese momento y durante 14 años, el capricho de Evo Morales sometió al Senado y a la Cámara de Diputados. No por nada los parlamentarios del MAS se ganaron el mote de “levanta manos”.
Aprobaron leyes al antojo del Ejecutivo; viabilizaron una Constitución de corte estatista —claro está, con la complicidad de legisladores de corrientes conservadoras—; conformaron comisiones de investigación simplemente para reforzar la retórica gubernamental; seleccionaron candidatos a “masistrados” para los altos tribunales de justicia y eligieron vocales genuflexos para el Órgano Electoral, entre otros golpes al sistema democrático.
Como ya todo estaba predeterminado, los “levanta manos” adquirieron un doble hábito: hacer poco en las comisiones, los plenos camarales y las regiones; y cobrar mucho precisamente por levantar la mano, no solo con una jugosa remuneración mensual, sino con viáticos, pasajes aéreos, gastos de representación, vehículos, puestos de trabajo y otros ingresos, como arrancar cada mes porciones de los salarios de sus funcionarios bajo la figura de “aportes voluntarios” para la sacrificada labor parlamentaria.
El panorama de envilecimiento del Legislativo no cambió en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y, cuando Luis Arce llegó al poder, la Asamblea Legislativa Plurinacional —salvando excepciones, por supuesto— terminó de desmoronarse en el abismo de la mediocridad y el desprestigio. Vía sentencia constitucional le mutilaron la facultad de interpelar y censurar ministros y, más allá de una que otra queja mediática, el período legislativo 2020-2025 concluyó sin sentar en el banquillo de los interpelados a los jerarcas del gobierno más corrupto del primer cuarto de siglo.
Unos y otros —oficialistas y opositores, arcistas, evistas y androniquistas— convirtieron el hemiciclo de la Cámara de Diputados en una esquina cualquiera en la que repartir patadas y puñetazos, jalonear cabellos, insultar, lanzar escupitajos y otros bochornos terminó de sepultar el espíritu de lo que debe ser el Parlamento. Seguramente recuerdas que, a propósito de la aguda crisis de los combustibles, el segundo y último ministro de Hidrocarburos de Arce tuvo que rendir un informe desde la testera cubierto por paraguas porque le llovió de todo: agua embotellada, basura, palabras irreproducibles y más.
Se nota —así digan lo contrario— que buena parte de los parlamentarios que también cumplen 100 días se desenvuelven con la inercia del mínimo esfuerzo. Creen que realizar declaraciones a los medios por todo y por nada reemplaza sus evidentes carencias en la formulación de proyectos de ley o en el encaminamiento de verdaderos actos de fiscalización.
Es cierto que algunas comisiones y comités han incrementado sus horas de sesión, y que hubo largas jornadas en la ALP para la selección y elección de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, sobre la base de la nueva correlación de fuerzas, a fin de alcanzar los dos tercios de votos; sin embargo, parece que siguen esperando que la iniciativa legislativa venga de la vereda del frente, sabiendo que el desafío de desmontar el esquema de poder uniquista —autoritario en extremo y ligado a mafias organizadas— necesita de toda la institucionalidad democrática.
¿O estarán esperando la realización de una cumbre de líderes políticos, anunciada por el Presidente, pero aún no materializada, para tener una agenda con prioridades bien marcadas? Si ese fuese el caso, tendrán que aguardar por lo menos hasta después de los resultados de las elecciones regionales del 22 de marzo, cuando se sepa cuál es el peso político de cada organización importante en los niveles nacional, departamental y municipal.
Los todavía nuevos senadores y senadoras, diputados y diputadas, saben de la trascendencia del actual largo momento político en el país, advierten que el yugo masista en la ALP se ha reducido a un pequeño puñado de parlamentarios que espera refuerzos desde los niveles regionales y están conscientes de que el tiempo de los decretos no es ilimitado.
Están ante la oportunidad de reabrir el debate de ideas y retomar la iniciativa en las facultades constitucionales de legislar y fiscalizar. Están ante la oportunidad de devolverle al Parlamento su condición de primer poder del Estado y convertirse colectivamente en un prototipo que impulse a la sociedad a vivir mejor. Están ante una oportunidad histórica. Si no lo hacen, dejarán en evidencia que la degradación de la clase política en el país no tiene remedio.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
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