Se ha publicado en medios de comunicación una fotografía de los cuatro. Todos lucen barbijos blancos, lo que indica que fue tomada durante la pandemia. A pesar de la dura crisis sanitaria de aquel momento, se muestran triunfantes. En el centro están Luis Arce Catacora y Daniela Camila, una joven que observa con dulzura a su padre. Luis Marcelo y Rafael Ernesto los flanquean, levantando los puños apretados, como si fueran jóvenes izquierdistas ilusionados con lo que se avecinaba: el poder.
No se conocen más fotografías de los cuatro juntos, lo que no implica que no hayan tenido nuevos encuentros durante el ejercicio pleno de la presidencia de Arce Catacora (2020-2025). Tal vez, en esas ocasiones, planificaron cómo impulsarían los “negocios familiares”, aprovechando la investidura del padre y privando a la población no solo de recursos públicos, sino también de oportunidades y esperanzas para enfrentar la grave crisis multidimensional.
Decidieron incursionar en “negocios” relacionados con el litio, carburantes, fertilizantes, predios agrícolas, contrabando de granos y oro. Puesto que el Gobierno suele hablar de clanes familiares cuando se trata de actividades ilícitas, aquí tienen uno altamente diversificado y bien consolidado, con el respaldo de entidades estatales como YPFB, YLB y Emapa, bajo la “supervisión” de la Casa Grande.
Me intriga saber si hubo momentos de reflexión entre ellos o algún atisbo de arrepentimiento por el daño causado al país. Probablemente me equivoco y, en realidad, su prioridad era consolidar los “negocios familiares”, confiando en que la impunidad estaba garantizada y las ganancias, bien resguardadas.
Como consuelo, en México, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus tres hijos son investigados por agencias anticrimen de Estados Unidos por presuntos vínculos con carteles del narcotráfico, como el de Sinaloa, que habría financiado varias de sus campañas electorales hasta que, en 2018, logró la presidencia. También se les investiga por su participación en el denominado “huachicol fiscal”, relacionado con el robo y tráfico de grandes cantidades de carburantes.
Andrés Manuel, Gonzalo y José Ramón López Beltrán figuran en una extraña demanda de amparo que los protege temporalmente de cualquier captura en la trama del huachicol. AMLO dejó la presidencia de México el año pasado, pero aún influye en el gobierno de Claudia Sheinbaum, algo que no parece probable en el caso de Luis Arce, salvo que una maniobra de última hora prorrogue su mandato. Aunque este escenario parece improbable, en política todo es posible.
Al momento de redactar esta columna, el martes 23 de septiembre de 2025, habían transcurrido cuatro días desde que la fiscalía cruceña emitió una orden de aprehensión contra Luis Marcelo Arce Mosqueira por violencia física y psicológica contra su pareja, la exmiss Tarija Mary Carmen Cuéllar. Se allanó un lujoso departamento en Santa Cruz, pero no se encontró al mayor de los hermanos Arce Mosqueira, señalado también como el cerebro de los “negocios” relacionados con contratos de explotación de litio, la creación y funcionamiento de la intermediaria estatal Botrading, y la comercialización de urea.
El mismo día en que Marcelo Arce Mosqueira fue denunciado por violencia doméstica, el viernes 19 de septiembre, su hermano Rafael fue demandado penalmente en Sucre, sede de la Fiscalía General, por la sospechosa compra de un penthouse dúplex, dos parqueos, dos vagonetas de alta gama y dos bauleras en un exclusivo condominio de la zona sur de La Paz, por un total de 775.000 dólares. Todo esto, sin tener un trabajo conocido y con una fortuna acumulada antes de cumplir los 30 años. El denunciante es el persistente diputado evista Héctor Arce Rodríguez.
El acusado de agredir a su pareja no ha sido hallado, y el demandado por actos de magnate aún no es investigado. Crece la preocupación por la posible salida del país de los hijos del presidente. El sábado 20 de septiembre, Arce Catacora publicó un mensaje en el que afirmó que sus hijos deben responder ante la justicia como cualquier ciudadano, ya que son mayores de edad. Con esto, marcó distancia de ellos para evitar acusaciones de protección desde su despacho.
Con la ubicación indeterminada de sus hijos y preparándose para viajar a Brasil por una cita médica, los varones Arce podrían coincidir fuera del país. La viceministra de la Presidencia, María Nela Prada, intentó disipar las sospechas y aseguró que el mandatario permanecerá en Bolivia tras su atención médica y entregará el poder el 8 de noviembre. Esto, en cumplimiento de una ley que obliga a las autoridades a permanecer en el país al menos tres meses después de dejar sus cargos por mandato popular o designación.
Es urgente que los Arce, de manera individual, respondan ante la justicia no solo por la compra de bienes lujosos o las agresiones a una mujer —graves por donde se los mire—, sino también por su grado de participación y responsabilidad en “negocios” clave, como el direccionamiento de la explotación del litio, el pago de comisiones millonarias a Botrading por una intermediación innecesaria en la importación de carburantes, y la adquisición de un fundo agrícola en Santa Cruz cuyo rendimiento y ganancias parecen haber sido definidos de antemano. La impunidad no puede vencer otra vez.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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