Luis Arce y su gobierno han optado por una salida desastrosa, entregando a 11 millones de bolivianos a la voracidad de dos monstruos insaciables que amenazan con devastarlo todo. Por las características de esta doble entrega, es evidente que fue planificada para beneficiar al núcleo de la cúpula gubernamental, un grupo que probablemente abandonará Bolivia en cualquier momento.
La mayoría de la población quedará a merced de un primer monstruo, que ataca con múltiples tentáculos y ha destruido décadas de estabilidad económica. Arce y su grupo de políticos inescrupulosos nos dejan al borde de ser consumidos por una crisis multidimensional que podría devolver a miles de bolivianos a la pobreza absoluta. Esto es imperdonable.
El último golpe de esta crisis ha sido empeñar parte de las Reservas Internacionales Netas (RIN) en oro físico. Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra y reconocido por la seriedad de sus análisis, reveló que más de un tercio de las reservas en oro ha sido hipotecado, con el riesgo de perder al menos 8,4 toneladas de oro acumulado por generaciones.
De las 24 toneladas reportadas por el Banco Central de Bolivia (BCB) en su último informe sobre las RIN, 22 se encuentran en el exterior. La Ley del Oro obliga al gobierno a mantener un mínimo de 22 toneladas cuantificables. Sin embargo, según Colque, 8,4 toneladas fueron empeñadas a cambio de 828 millones de dólares para pagar la importación de combustibles y otras obligaciones.
Dos bancos extranjeros habrían actuado como casas de empeño: uno comercial chino y otro de origen alemán, a cuyas bóvedas se habrían transferido 3 y 6 toneladas de oro boliviano, respectivamente. Lo grave es que, según lo investigado por el experto, los 828 millones de dólares, más intereses, deben ser pagados en 12 meses, hasta mayo de 2026.
La opacidad en la información oficial sobre este delicado tema es alarmante, y hay cálculos aún más preocupantes. El economista y analista Gonzalo Chávez sostiene que las toneladas empeñadas ascienden a 14 de las 22 en el exterior. Es urgente que el BCB informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con precisión cuántas toneladas están en sus bóvedas, cuántas en el exterior y cuántas han sido hipotecadas y están en riesgo de perderse.
Es crucial que se presente un informe inmediato, ya que en dos meses Arce y su grupo de “vendepatrias” serán historia, y la responsabilidad de recuperar las toneladas empeñadas (8,4 o 14) y de redimir al país del mayor pecado económico recaerá en el nuevo gobierno. El candidato Jorge Tuto Quiroga ha advertido sobre el “presente griego” que pretenden dejar y amenazó con cárcel para los jerarcas del Banco Central. Arce, por su parte, intentó desviar su responsabilidad, culpando al bloqueo de créditos extranjeros en la Asamblea Legislativa.
Su intento de justificación está lleno de excusas, como la necesidad de pagar la importación de combustibles, que, según el ministro de Hidrocarburos, está garantizada solo hasta el 8 de noviembre. Este anuncio, cargado de irresponsabilidad para un dignatario de Estado, refleja la absoluta pobreza de espíritu del gobierno de Arce y sus secuaces. Posteriormente, el mismo ministro aseguró que los combustibles están garantizados más allá del 8 de noviembre y afirmó, con descaro, que sus declaraciones fueron tergiversadas.
El segundo monstruo al que nos ha entregado el régimen de Arce se alimenta de la sangre fresca de quienes solían vivir en paz, con niveles aceptables de seguridad ciudadana. Esta criatura arrasa con todo lo que se le pone delante, enloquecida por aumentar sus multimillonarias ganancias. La narcocriminalidad se ha instalado en Bolivia, y los responsables son Evo Morales y Luis Arce.
La feroz disputa entre al menos cinco carteles que buscan adueñarse del país, como ocurrió recientemente en Ecuador, ha desatado una ola de secuestros, ejecuciones, linchamientos, acribillamientos y ajustes de cuentas por parte de grupos criminales armados. Estos operan con absoluta impunidad en ciertas regiones, con la protección y complicidad de los tres niveles del Estado.
¿Cuántas personas han sido asesinadas por la violencia sicarial durante el desgobierno que terminará en dos meses? Seguramente hay que contarlas por decenas, incluyendo los asesinatos de oficiales de policía que han quedado en la impunidad. Sin remordimiento alguno, el grupo que acompaña a Arce, incluyendo autoridades gubernamentales y policiales, ha entregado al país a las fauces del crimen organizado global.
Las organizaciones narcotraficantes se enfrentan bajo la mirada pasiva de los gobernantes, con la población boliviana atrapada en medio de la violencia sicarial, mientras consolidan territorios y rutas para el tráfico de drogas, armas y todo lo que genere lucro. Los niveles de narcocriminalidad en Bolivia son inéditos. Ojalá no comiencen los atentados con explosivos o los secuestros masivos, producto de una guerra de carteles que busca establecer su dominio.
La cereza del pastel es la vida lujosa y tranquila que llevan los líderes del temido Primer Comando da Capital (PCC) en Santa Cruz, como Sérgio Luiz de Freitas Filho, alias Mijão, y Marcos Roberto de Almeida, alias Tuta, entre otros. Estas son pruebas irrefutables de la complicidad y tolerancia gubernamental con las mafias del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Derrotar a estos dos monstruos será una tarea titánica para el próximo gobierno. Recuperar la estabilidad económica y la paz social no será sencillo, pero deberá abordarse con decisión política y firmeza institucional. Estos monstruos no pueden vencernos, y los responsables de su presencia no deben escapar impunes.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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