Tres hechos ocurridos entre el 11 y el 20 de julio, relacionados con capos y organizaciones del narcotráfico en México y Ecuador, se convierten en antecedentes del surgimiento de una nueva realidad en el multimillonario negocio ilícito de esos y otros países de la región, entre ellos Estados Unidos —como principal consumidor de estupefacientes y drogas sintéticas— y Bolivia, como productor y exportador de cocaína y marihuana, principalmente.
Hace ya tiempo que el narcotráfico transnacional dejó de operar en compartimentos estancos, con estructuras verticales y conducciones familiares. Esto ya no sucede, ni siquiera en México, donde cada cartel tenía control exclusivo sobre ciertos territorios y rutas para el trasiego de drogas. Actualmente, se trata de un complejo entramado de organizaciones grandes, medianas y pequeñas, dedicadas al tráfico hacia países de los cinco continentes.
En la última década, se han forjado alianzas entre bandas, otrora enemigas a muerte por disputas territoriales y venganzas entre sicarios, con el objetivo de satisfacer una demanda global cada vez más creciente y, por supuesto, aumentar las ganancias de estos socios circunstanciales. El crimen organizado ya no trafica únicamente con drogas, sino también con migrantes, minerales, armas, órganos y todo aquello que pueda generar grandes cantidades de dinero en poco tiempo.
En México, se calcula que el tráfico de fentanilo genera mil millones de dólares anuales, pero el tráfico de migrantes deja ganancias por alrededor de 13 mil millones de dólares.
El 11 de julio, Ovidio Guzmán López, el menor de “Los Chapitos” y extraditado a Estados Unidos en 2024, se declaró culpable en un tribunal de Chicago por cuatro delitos graves. Días después, desapareció de los registros del Buró Federal de Prisiones, lo que indica que fue trasladado a un lugar secreto con su nuevo estatus de colaborador de la justicia estadounidense.
Para enero de 2026 se ha fijado una audiencia contra Ovidio, alias “El Ratón”, por lo que tiene seis meses para brindar información debidamente sustentada sobre los socios del Cártel de Sinaloa, las autoridades mexicanas y estadounidenses que ofrecieron protección a cambio de sobornos millonarios, y los países en los que la organización criminal heredada por Joaquín “El Chapo” Guzmán tiene presencia.
Cabe recordar que dos de los hijos de El Chapo —quien cumple cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Colorado— llegaron a Bolivia durante el régimen de Evo Morales con documentos falsos. Jesús Alfredo Guzmán Salazar estuvo en el país en 2011, mientras que Iván Archivaldo Guzmán Salazar lo hizo en 2016, ambos para tomar clases de pilotaje aéreo.
En 2019 se denunció que Iván Archivaldo recibió credenciales para ingresar sin restricciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de ser alumno de una escuela de aviación que operaba en el aeropuerto El Trompillo, en la capital cruceña. Esto deja en evidencia que, durante su estadía en Bolivia, habría contado con protección del régimen de Morales.
Los primeros en ponerse nerviosos por la colaboración de Ovidio Guzmán López han sido la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y los jerarcas de Morena. La mandataria protagonizó una polémica mediática con Jeffrey Lichtman, abogado del menor de “Los Chapitos”, luego de que el jurista afirmara que Sheinbaum actúa como relacionista pública del Cártel de Sinaloa, organización sobre la que existen fundadas sospechas de haber recibido favores y protección durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La reconfiguración del narcotráfico en México —con la virtual destrucción y desaparición del Cártel de Sinaloa, el más temido de los últimos tiempos— está dando paso a traiciones y al surgimiento de nuevos capos, como Ceferino Espinoza Angulo, conocido como “El Coyote” o “El 14”, a quien ya se lo menciona como “El Rey del Fentanilo”. Espinoza operaba para “Los Chapitos” (la Chapiza), pero comenzó a abrir sus propias rutas y mercados para el tráfico de esta droga sintética, que convierte en zombis a los seres humanos.
La aparición pública —a través de denuncias— de “El Rey del Fentanilo” desatará una guerra entre grupos de narcos que buscarán ocupar el espacio dejado por “Los Chapitos”, luego de que los dos hermanos menores, Joaquín y Ovidio, optaran por entregarse y brindar información clave a la justicia estadounidense. Lo mismo ocurrió con Ismael “El Mayo” Zambada, exsocio y compadre de El Chapo, quien se encuentra en manos de las autoridades estadounidenses desde julio del año pasado.
Y si de guerras narco se trata, en Ecuador también podría desatarse otra, de grandes proporciones, tras la extradición de Adolfo Macías, alias “Fito”, el mayor y más peligroso narcotraficante del país, ocurrida el domingo 20. La guerra será por el control de “Los Choneros”, sus negocios ilícitos y ramificaciones en Ecuador y otros países. “Muerto el rey, ¡viva el rey!”, dirán quienes busquen quedarse con el manejo de un negocio ilícito que va mucho más allá del tráfico de drogas y tiene clientes en Europa, Asia y África.
En una primera audiencia en una corte federal de Nueva York, con sede en Brooklyn, Fito se declaró no culpable el lunes 21. Sin embargo, esto forma parte de una estrategia legal para negociar un acuerdo de colaboración con la justicia estadounidense, a cambio de que sus familiares sean trasladados a ese país, enfrenten penas reducidas y él se convierta en un nuevo testigo protegido de por vida, al igual que los menores de “Los Chapitos” y “El Mayo” Zambada.
¿A qué exautoridades, jerarcas actuales, empresarios, banqueros, jefes antidrogas y socios del crimen organizado pondrá nerviosos? Habrá que esperar con paciencia el inicio de los operativos conjuntos —entre agentes ecuatorianos y estadounidenses— para la captura y eventual extradición de los cómplices y encubridores del exlíder de “Los Choneros”.
Dado que el narcotráfico es ahora una actividad transnacional con enclaves en países que cumplen funciones como productores y exportadores de estupefacientes y drogas sintéticas, no sería extraño que en los acuerdos de colaboración de Joaquín y Ovidio Guzmán López, Ismael Zambada García, Adolfo Macías Villamar y el excoronel de la Policía Boliviana, Maximiliano Dávila, aparezcan nombres y apellidos de bolivianos involucrados en el crimen organizado, formando parte de esta nueva realidad del narcotráfico: un negocio ilícito multimillonario que ha roto todas las fronteras.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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