Pasó el Carnaval del Bicentenario y comienza la Cuaresma en Bolivia y en el mundo católico, con la preocupación global por el grave estado de salud del papa Francisco. El paréntesis de alegría, baile y desenfreno permitido se está cerrando —aunque aún falta el Corso de Corsos en Cochabamba— y se abre un tiempo de alta tensión económica y social, sumado a la crispada disputa político-electoral. Los escenarios de esta confrontación serán el occidente del país y el universo virtual.
Los sectores que conforman las cadenas productivas —gremiales, empresarios, cívicos, productores, transportistas y exportadores—, agrupados en el Comité Multisectorial, ya tomaron una decisión: marchar desde el municipio altiplánico de Patacamaya hasta la ciudad de La Paz. Su objetivo es presionar en la mismísima sede de Gobierno para que el Ejecutivo y el Legislativo anulen la disposición confiscatoria del Presupuesto 2025.
El tramo Patacamaya-La Paz ha sido el favorito de Evo Morales para marchar en los últimos cuatro años, incluso partiendo desde Caracollo, en Oruro. Primero lo hizo para respaldar a su delfín y luego para protestar contra el “arcismo”. Sin embargo, Morales no marchará más, al menos en lo que resta del mandato de Luis Arce, debido a su confinamiento en el trópico cochabambino.
Ahora, esa ruta será ocupada por sectores que denuncian un intento del socialismo de atentar contra la propiedad privada. De concretarse, sería la primera vez que representantes de las élites empresariales, cívicas y productivas del país, especialmente del oriente, marchen junto a gremialistas, transportistas de carga pesada y otras organizaciones sindicales.
Potosí y Santa Cruz han sumado a la agenda multisectorial la anulación de los contratos de extracción de litio y el cese del veto a las exportaciones. El Gobierno tiene pocas horas para desactivar lo que podría convertirse en la acción de protesta más representativa en su contra, en un contexto de crisis multidimensional iniciada hace dos años, cuando en 2023 se anunció la vigencia del “dólar exportador”. Esta cotización paralela, supuestamente ideada para beneficiar a los exportadores, derivó en crisis cambiaria, energética y alimentaria.
A pesar de haber firmado al menos 27 acuerdos con empresarios privados en dos encuentros nacionales y de haber instalado gabinetes sectoriales (social, agropecuario, energético y de turismo), el Gobierno solo ha logrado postergar los problemas estructurales sin resolverlos.
El poderoso Comité Cívico pro Santa Cruz y los sectores que lo integran se reunirán este jueves 6 de marzo para definir medidas de presión ante la escasez de carburantes, que amenaza la cosecha más importante del año. Su nuevo directorio está listo para volver a las calles y exigir a las autoridades que hagan lo que no han hecho en estos dos años.
En el ámbito político, la tensión sigue en aumento. El evismo ha decidido obstaculizar el camino de Arce hacia la reelección. Lo más reciente ha sido la acusación de que, cuando fungía como gerente del BCB en 2003, Arce autorizó el envío de 50 millones de dólares a Gonzalo Sánchez de Lozada tras su huida del país. Según los evistas, Arce ingresó al BCB gracias a Antonio Sánchez de Lozada, contralor general en la época neoliberal.
A finales de mes, el evismo realizará un congreso para refundar el denominado “instrumento político”, un evento destinado a seguir socavando el proyecto electoral del presidente-candidato, quien aún tiene la posibilidad de activar la captura, detención, encarcelamiento o extradición de su principal enemigo político.
En la oposición, la situación no es menos caótica. Este mes será clave para que los favoritos consoliden o ajusten sus estrategias de cara a las elecciones. Mientras tanto, las descalificaciones abundan en el “Lado B”, el escenario de las redes sociales, donde proliferan videos con insultos, ataques y provocaciones.
La guerra política probablemente se intensificará mientras el Órgano Electoral no cuente con la ley de convocatoria a elecciones generales del 17 de agosto ni asuma oficialmente su rol de juez nacional y departamental en temas electorales.
Manfred Reyes Villa anunciará el nombre de su acompañante de fórmula tras una encuesta nacional. Samuel Doria Medina aparece en spots televisivos para potenciar su presencia en redes sociales. Tuto Quiroga busca posicionarse como el candidato de las clases medias para atraer a los sectores contrarios al Gobierno y a las “clases medias emergentes”.
Algunos precandidatos abandonarán la contienda para respaldar a quienes lideran las encuestas. Estas declinaciones podrían ser utilizadas por unos y otros para denunciar traiciones a los principios que inicialmente defendieron. La traición también ronda entre las facciones oficialistas, especialmente si Morales y Arce quedan sin opciones y deben ceder el paso a un tercero: el silencioso y astuto Andrónico Rodríguez.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Author: Edwin Cacho Herrera Salinas
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Sobre el autor
“Lucho a pesar de las adversidades”
Para calmar las turbulencias en el bloque opositor, que amenazan con hacer naufragar el desafío de presentar un candidato único en las elecciones del 17 de agosto, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa se apresuraron a comunicar el acuerdo alcanzado para definir al postulante de la “oposición democrática”. Esto ocurrió luego de que se cruzaran acusaciones de traición al pacto firmado en diciembre de 2024 y de supuestas conexiones funcionales con el oficialismo. Siguiendo un modelo similar al mexicano, la elección del candidato único se definirá mediante tres encuestas simultáneas con cinco preguntas idénticas. El objetivo es evitar que el segundo en la contienda alegue un “empate técnico”. Difundir este acuerdo busca disipar las dudas que ya han surgido dentro y fuera del bloque opositor. Fuera de este esquema político-partidario-electoral, el panorama también ha sufrido un desajuste. […]
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