Las organizaciones criminales y los proyectos políticos totalitarios, construidos sobre la concentración del poder, tienden a transmitir una sensación de invulnerabilidad que suele durar menos de lo que imaginan sus protagonistas. Desafían a la ley, acumulan poder y neutralizan a sus adversarios; sin embargo, el margen de maniobra se agota y terminan enfrentando dilemas que podrían definir el resto de sus vidas. Ese es el caso del narcotraficante Sebastián Marset (35) y del caudillo Evo Morales (66), personajes que, aunque pertenecen a mundos distintos, hoy enfrentan de manera paralela auténticas encrucijadas.
El primero libra una batalla en un tribunal federal de Estados Unidos, tras ser capturado y expulsado del país en marzo en un operativo dirigido por la DEA. El segundo intenta sobrevivir políticamente mientras su espacio de poder se reduce tanto en Bolivia como en el contexto internacional. Sus caminos nunca fueron similares, pero confluyen en un punto crucial: la justicia dejó de ser un escenario lejano para ambos y hoy representa una amenaza inmediata y concreta. Lo que suceda en sus casos podría revelar el grado de penetración del crimen organizado en las estructuras de poder del país. ¿Es Bolivia un narcoestado?
Marset, catalogado como uno de los narcos más poderosos de la región, cambió de estrategia jurídica y de abogados defensores en Estados Unidos. Se ha declarado no culpable de delitos de narcoterrorismo y otros cargos. Si la acusación de la fiscalía federal prospera y las evidencias que se presenten en el juicio —previsto para enero de 2027— resultan contundentes, el desenlace para el fundador del Primer Comando de Uruguay sería la prisión de por vida en una cárcel de máxima seguridad como la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad (ADX Florence), en Colorado, donde cumple cadena perpetua, por ejemplo, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Su apuesta es arriesgada: obligar a los fiscales a probar cada uno de los delitos imputados. Sin embargo, también tiene la posibilidad de dar un nuevo viraje y colaborar con la justicia estadounidense aportando información precisa y relevante sobre redes financieras, rutas internacionales, contactos con otras organizaciones narco y, sobre todo, las estructuras de protección política e institucional que le permitieron convertirse en el nuevo rey del narcotráfico en Bolivia —con corona incluida en sus aviones— y en uno de los grandes distribuidores de drogas hacia sitios clave de varios continentes.
La incógnita en el caso de Marset no solo radica en saber si podrá defenderse con éxito en los tribunales de Estados Unidos, sino en si revelará en algún momento todo lo que sabe para obtener una reducción de condena a cambio de desnudar al sistema que lo protegió durante años en Bolivia. En el mundo del narcotráfico, los líderes de la talla de Marset no operan solos. Siempre cuentan con estructuras de complicidad que involucran a políticos con poder, funcionarios corruptos y operadores financieros inescrupulosos, entre otros.
Morales, en cambio, enfrenta una encrucijada distinta, aunque igual de trascendental. Después de un año y ocho meses confinado en el trópico cochabambino, está claro que su capacidad de condicionar la política nacional a sus intereses personales se ha reducido considerablemente. El punto de inflexión fue el fracaso de los bloqueos carreteros de 53 días, que terminaron exponiendo algo impensable hace unos años: ahora se encuentra políticamente solo.
Su estrategia era escalar la crisis hasta obligar a Rodrigo Paz a renunciar a la presidencia en los primeros meses de su gestión. El desenlace fue distinto. Los bloqueos promovidos por el evismo y sectores afines terminaron desgastando su liderazgo y profundizaron el rechazo de amplios sectores ciudadanos que, durante décadas, lo habían apoyado y votado por él desde 2005.
El fracaso también evidenció el agotamiento de un mecanismo que había sido eficaz durante gran parte de este siglo. Cuando los bloqueos dejan de producir victorias, comienzan a generar aislamiento. El caudillo y sus seguidores lo están experimentando en carne propia.
Además, ahora enfrenta un complejo escenario judicial con procesos penales en curso en Tarija por trata de menores y en Santa Cruz por terrorismo y otros tres presuntos delitos cometidos durante la crisis de mayo y junio. Por si fuera poco, hay investigaciones avanzadas en Estados Unidos sobre narcoterrorismo que lo involucran, y está pendiente la ratificación de una decisión de la Corte IDH para procesarlo por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2008 en el hotel Las Américas, contra una supuesta célula terrorista ligada al poder regional de la denominada Media Luna.
Las versiones extraoficiales conocidas por Datápolis sobre un intento de negociación planteado por Morales y sus hombres de confianza para abandonar Bolivia no parecen haber rendido frutos. Al contrario, muestran que quien hace unas semanas buscaba el derrocamiento del mandatario ahora pretende salvarse de los riesgos personales que implica un escenario judicial cada vez más adverso, tanto dentro como fuera del país.
Es precisamente en este punto donde las historias de Marset y Morales dejan de ser paralelas y se convierten en un problema de seguridad del Estado. La amenaza para las democracias de la región ya no proviene solo de la actividad del narcotráfico en sí, sino de su capacidad para capturar poderes públicos, financiar proyectos político-partidarios, corromper sistemas judiciales, someter instituciones policiales y convertir a los Estados en instrumentos funcionales a las corporaciones del crimen organizado. Cuando esa convergencia se consolida, estamos hablando, sin duda, de narcoestados.
Bolivia ha mostrado, en las últimas décadas, señales preocupantes en esa dirección: cobijo a grandes organizaciones narco, incremento exponencial del lavado de activos, corrupción institucional en todos los niveles, impunidad garantizada desde el sistema judicial y político, y ganancias multimillonarias para quienes operan ese entramado. Todo ello representa un verdadero riesgo para la seguridad del Estado.
Por ello, la eventual cooperación de Marset con la justicia estadounidense trasciende su situación procesal. Podría poner al descubierto los esquemas de protección política, económica e institucional que permitieron su expansión regional. La experiencia internacional demuestra que las grandes investigaciones contemporáneas ya no persiguen únicamente a los jefes de los carteles, sino que buscan desmantelar las redes completas que les garantizan impunidad.
En el caso del caudillo, su situación adquiriría una dimensión aún más grave. Si las investigaciones internacionales establecen vínculos entre organizaciones del crimen organizado y actores de la política nacional, ya no se trataría solo de responsabilidades personales, sino de la demostración palpable de hasta qué punto han corrompido la médula del Estado mediante la captura de instituciones y poderes estratégicos.
En Latinoamérica se ha creído que estos sistemas de protección estatal son eternos, pero siempre aparece un testigo clave, un colaborador eficaz, un documento financiero secreto o una investigación multinacional —generalmente liderada por la DEA— que rompe el pacto del silencio. La discusión, entonces, excede las implicancias personales de tal o cual personaje y se sitúa en cómo rescatar las instituciones y poderes capturados por los criminales.
Por tanto, la verdadera encrucijada no es la de Marset en Estados Unidos ni la de Morales en el trópico. El dilema mayor para el país radica en aprovechar la oportunidad de acabar con la convivencia entre el crimen organizado y el poder político, o permitir que la impunidad siga carcomiendo los cimientos del Estado. La decisión nacional trascenderá, por supuesto, lo que determinen ambos personajes, sobre todo cuando estos ya solo formen parte de la historia oscura de Bolivia.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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