Por primera vez, Evo Morales no puede dormir. Aterrado, piensa que podría terminar sus días en una cárcel federal de Estados Unidos tras haber cogobernado con el crimen organizado, haber sido proveedor de la codiciada mercancía para el tráfico internacional de drogas y, por supuesto, haber amasado millones de dólares. Aunque se encuentra rodeado por un equipo de seguridad armado y bien entrenado, además de un escudo humano de miles de seguidores, nada consigue protegerlo de las pesadillas que lo acechan en el trópico.
No es el único. En el pequeño espacio que ocupa en el penal de San Pedro de La Paz, Luis Arce comparte la misma preocupación. Sabe que, si se abre una causa judicial en Estados Unidos por delitos relacionados con el crimen organizado —como podría ocurrir con su exjefe—, podría ser expulsado o extraditado para enfrentar a la justicia estadounidense y cumplir una dura condena en el país cuya actual administración mantiene una guerra frontal contra el narcoterrorismo.
Ambos acercaron a Bolivia a la noción de “mafiocracia”, un fenómeno que la senadora mexicana Lilly Téllez ha definido como un sistema en el que el crimen organizado deja de ser un actor externo al Estado y se convierte en parte del poder político mediante la penetración de instituciones, el financiamiento de redes políticas, la captura de organismos de control y la protección estatal a cambio de lealtades, dinero sucio y capacidad de coerción e intimidación.
Por lo que se sabe hasta ahora, Bolivia no ha llegado al extremo mexicano de control territorial armado por parte de los carteles, pero los dos expresidentes colocaron al país muy cerca de ese tenebroso escenario. Durante los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) se consolidó una degradación institucional compatible con los rasgos de la mafiocracia: protección política, impunidad estructural, captura de los organismos de lucha antidrogas y normalización de las economías criminales.
Basta recordar el caso de Maximiliano Dávila, último jefe antidrogas de Morales, y el escándalo de Sebastián Marset, el narcotraficante que operaba desde Bolivia hacia el mundo entero con Arce en la presidencia.
Dávila fue extraditado y condenado a 25 años de prisión en Nueva York. Marset terminó en una cárcel de Virginia tras ser capturado y expulsado de Bolivia en una operación dirigida por la DEA. Hoy negocia confesar con quiénes hizo negocios y quiénes lo protegieron desde niveles estatales, a cambio de una pena menor y su ingreso al programa de testigos protegidos.
La experiencia latinoamericana demuestra que, cuando las mafias capturan el Estado, resulta extremadamente difícil revertir el proceso. Venezuela, México, Colombia y Ecuador ilustran cómo el crimen organizado evoluciona desde redes de corrupción hasta poderes territoriales armados. En Bolivia aún estamos a tiempo de evitar el punto de no retorno, pero para lograrlo es indispensable que el Estado reconozca la profundidad y la peligrosidad del problema.
El exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa y socia, Cilia Flores, ya están en manos de una corte de Nueva York, y su testaferro Álex Saab enfrenta a la justicia en Miami. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hombre de confianza de Andrés Manuel López Obrador, será extraditado a Estados Unidos en cualquier momento. El capo ecuatoriano José Adolfo Macías, alias Fito, fue extraditado el año pasado y aguarda sentencia en el país del norte.
Raúl Castro ha sido imputado por siete delitos relacionados con la muerte de cuatro estadounidenses en 1996 y ahora es requerido por la justicia estadounidense. El expresidente socialista español José Luis Rodríguez Zapatero aparece involucrado en una trama corrupta que incluye a Saab y Delcy Rodríguez. Gustavo Petro abrió el paraguas antes de dejar el poder el 7 de agosto, denunciando, apoyando y victimizando a su amigo Morales, al igual que Claudia Sheinbaum, la actual presidenta de México.
Morales y Arce son conscientes de que podrían ser los próximos en la lista de extraditables. De ahí la inocultable desesperación del caudillo y el mantenimiento, durante casi un mes, de bloqueos criminales para salvar su pellejo y convertirlos en la tumba política de Rodrigo Paz, quien paradójicamente se echa tierra encima con fallidos operativos de desbloqueo. Arce, jefe de un clan familiar corrupto, en su afán por recobrar cuanto antes su libertad en Bolivia, estaría financiando las protestas de mayo con la esperanza de que un cambio de gobierno le abra las puertas de la cárcel.
Y es que la mafiocracia tiene otra característica central: cuando se siente amenazada, intenta desestabilizar al propio poder que ayudó a construir. Dicho de otro modo, el entramado político-criminal que durante décadas garantizó protección al narcotráfico y otras actividades ilícitas altamente rentables, como la minería ilegal, comenzó a fracturarse desde adentro. La ruptura entre el evismo y el arcismo no se reduce a una disputa político-electoral; fue una pugna por el control de las redes territoriales, los aparatos sindicales, las economías ilegales y las ganancias multimillonarias.
La imposibilidad material del Estado boliviano para ejecutar órdenes de aprehensión contra Morales y la inoperancia del Ministerio Público para realizar investigaciones profundas en los casos que rodean a Arce los están beneficiando con impunidad y están dando paso a una fase inquietante de la colusión entre política y crimen organizado: la autonomía absoluta de esas estructuras irregulares con capacidad de financiamiento, movilización, intimidación y penetración institucional.
Por tanto, la pregunta de fondo ya no es si existe penetración criminal en el Estado boliviano, sino cuán profunda es esa penetración y si las instituciones nacionales todavía tienen la voluntad y la capacidad de revertirla. La primera respuesta apunta a que Bolivia no posee las condiciones internas para juzgar de manera independiente, transparente y justa a quienes forman parte de las estructuras de poder político-criminal.
Por eso ha ido creciendo la percepción ciudadana de que solo la justicia internacional —particularmente la estadounidense— tiene la capacidad operativa para investigar y castigar a las mafias criminales instaladas en el país y frenar la protección estatal. Lo ocurrido con Dávila alimentó precisamente esa sensación: que Washington termina haciendo lo que la justicia boliviana no puede o no quiere hacer.
Está claro que Morales y Arce fueron alfiles clave de la mafiocracia que busca echar raíces en Bolivia. Permitieron la degradación de la institucionalidad boliviana ante las mafias internacionales y deben rendir cuentas por ello. Pero cuando una sociedad pierde la confianza en sus fiscales, jueces, policías y tribunales, comienza a mirar hacia cortes extranjeras como última esperanza de justicia. Porque la mafiocracia no solo corrompe el Estado para gozar de impunidad: también destruye la fe ciudadana en la posibilidad de que se haga justicia internamente.
Morales y Arce pueden acabar en una corte de Nueva York compartiendo no solo una pesadilla, sino un mismo destino, después de haber sido piezas clave de las mafias criminales más poderosas de la región.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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