En febrero de 2003, tras la masacre provocada por el pretendido impuesto a los salarios que dejó 34 muertos, en medio de un proceso de acumulación de fuerzas contra el neoliberalismo, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada descartó de plano cualquier posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para resolver de fondo la crisis política de ese momento, crisis que, paradójicamente, permanece irresuelta hasta hoy.
El enfrentamiento armado entre militares y policías, con muertos y heridos, unos defendiendo al gobierno legalmente constituido y otros alineándose con quienes serían afectados por el nuevo tributo, puso al país entre la espada y la pared: entre la visión desgastada del libre mercado y una nueva de corte estatista; entre la expropiación de la voluntad popular por parte de élites políticas y el surgimiento de un nuevo sujeto histórico con hambre de poder.
La polarización política y social se apoderó del país y no ha podido ser superada hasta la fecha. Sus raíces son mucho más profundas y se remontan al nacimiento mismo de Bolivia como república independiente, pero entre el final del siglo XX y lo que va del XXI, esta polarización ha llegado a la médula de la sociedad, dividiendo incluso familias y clases sociales. Ha recibido varios nombres: “las dos Bolivias” o el “empate catastrófico”.
La encrucijada ha vuelto a instalarse ante los bolivianos en los conflictos políticos y sociales de estas semanas, aunque con los elementos de la crisis puestos al revés. Ahora, la acumulación social y regional se dirige contra el modelo estatista que ha sido incapaz de resolver los problemas estructurales, contra el populismo autoritario que puso al Estado al servicio de estructuras mafiosas dedicadas al tráfico de drogas, minerales, hidrocarburos, seres humanos y todo aquello que ha generado ganancias millonarias para las bandas criminales y las nuevas élites políticas.
A pesar del masismo, las y los bolivianos intentamos resolver esa dicotomía mediante las elecciones generales de primera y segunda vuelta, celebradas en marzo y octubre del año pasado. No hubo necesidad de confrontaciones armadas. Se eligió a un gobierno de centro-derecha, incluso con votos de la izquierda populista. Rodrigo Paz planteó un nuevo ciclo político y económico, pero no logra abrirlo por las ineptitudes políticas de su administración y porque enfrenta el acecho constante de quienes están convencidos de que ha llegado la hora de volver al poder.
Seguramente, en la campaña electoral le dijeron que era la mejor opción para la transición democrática y que lo apoyarían sin condiciones desde el campo popular. Fue un ardid. Ahora pretenden acorralarlo. Primero, con el escándalo de la “gasolina basura” y los daños en miles de motores. Segundo, con un plan golpista que cabalgó sobre reivindicaciones salariales y sectoriales, y que luego mostró su rostro más tenebroso con la violencia sin límites del lunes 18 de mayo.
Frente a esto, lamentablemente, se observa una indefinición política del Gobierno: señales ambiguas, falta de respuesta contundente ante la arremetida antidemocrática y un exceso de diálogo que ha cedido tanto ante los sectores que plantearon demandas, que seguramente le resultará más costoso en imagen y presupuesto que haberse mantenido firme desde el inicio de los conflictos.
En el Encuentro Nacional realizado el sábado 9 de mayo en Cochabamba se abrió un resquicio para resolver la polarización mantenida, esta vez azuzada por grupos de interés criminal que buscan profundizarla. El presidente Paz anunció la conformación de una comisión especial para la reforma de la Constitución, elemento central si se desea dar paso a un nuevo ciclo político, económico y social en el país. Se trata de una iniciativa que debería incluir a los principales actores de la política boliviana, no solo a quienes obtuvieron representación en los tres niveles del Estado, sino también a aquellos que intentan gobernar desde las calles y los caminos.
Hay intelectuales como Germán Gutiérrez Gantier que van más allá y han propuesto, en su última columna en Datápolis, la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Sea cual fuere el mecanismo elegido, es necesario generar un escenario democrático e institucional para debatir argumentos, confrontar visiones, concertar y elaborar un nuevo texto constitucional que exprese a la Bolivia del postmasismo.
Por supuesto, hay que resolver las urgencias de la coyuntura, marcada por el plan golpista del evismo, pero se debería considerar que la ventana de oportunidad abierta en el Encuentro Nacional puede ser aprovechada para encauzar incluso las energías antidemocráticas hacia un proceso de reforma constitucional que enfrente la bicentenaria polarización.
Morales y sus grupos afines se han dado cuenta de lo gravitante que puede ser ese proceso y lo han rechazado frontalmente. Afirmó que modificar la Carta Magna abriría la puerta a la privatización de los recursos naturales y atentaría contra los derechos económicos conquistados en los últimos lustros.
Quien propugnó la convocatoria a una Asamblea Constituyente en 2003, hoy advierte con sabotearla imponiendo condiciones: primero, que Paz se comprometa a no modificar la Constitución; segundo, que se comprometa a no privatizar la luz, el agua, los servicios básicos ni los recursos naturales; tercero, que cumpla sus promesas electorales de austeridad.
Hace 23 años, si Goni se hubiera abierto a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, tal vez habría terminado su mandato —se cayó en octubre de 2003 pese a una coalición de partidos— y el presente sería distinto en términos de entendimiento entre los diversos sectores. Hoy es Morales quien se cierra, lo que demuestra que la reforma constitucional puede ser la vía para proyectar un nuevo rumbo para el país, superando el proyecto estatal fracasado del MAS y tomando en cuenta a todos los actores políticos.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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