Un cambio político de grandes dimensiones y profundas repercusiones se perfila en la región con el cerco militar al dictador venezolano Nicolás Maduro y el acorralamiento judicial al expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ambos casos comparten un denominador común: la narcopolítica, ahora clasificada por Estados Unidos como narcoterrorismo. Este cambio político se fundamenta en la lucha contra organizaciones criminales de alcance global, como el Cártel de los Soles, el Cártel de Sinaloa y los negocios conjuntos que les han generado ganancias multimillonarias.
Otro elemento común en este panorama, que promete transformarse drásticamente, es el crecimiento y la impunidad de las organizaciones narcoterroristas, facilitadas por la protección e involucramiento de gobiernos y corrientes del socialismo del siglo XXI, como el chavismo en Venezuela y el morenismo en México, sin descartar el respaldo que recibieron previamente de administraciones de corte derechista en estos y otros países de la región.
En estas horas, Maduro vocifera y se resiste, mientras López Obrador guarda silencio y se mantiene al margen. El primero ha sido señalado como líder del cártel del generalato venezolano; el segundo, como protector y beneficiario del poderoso cártel fundado por Joaquín «El Chapo» Guzmán y Ismael «El Mayo» Zambada, entre otros. Estas organizaciones están conectadas por el tráfico de drogas (cocaína, marihuana, fentanilo y otras sustancias sintéticas), pero también por el contrabando de combustibles, armas, seres humanos, minerales y cualquier actividad que genere ganancias exorbitantes.
Estados Unidos conoce estos detalles con precisión gracias a la información proporcionada por Ovidio Guzmán López e Ismael Zambada García, hijo menor y exsocio de «El Chapo» Guzmán, respectivamente. El 25 de agosto, «El Mayo» Zambada se declaró culpable en un tribunal de Nueva York por actividades de narcotráfico durante más de medio siglo, período en el que, según su confesión, sobornó a políticos, mandos militares y policías.
Tres frentes se han activado desde Estados Unidos en la búsqueda de la caída de Maduro, López Obrador y otros personajes de países latinoamericanos: uno judicial, otro militar y un tercero con tintes diplomáticos, todos orientados a acusar, acorralar y neutralizar.
Si el dictador venezolano es capturado y entregado a las autoridades estadounidenses, enfrentará un juicio por graves delitos que podrían condenarlo a cadena perpetua. Un precedente claro es el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien convirtió a su país en un puente del narcotráfico y fue sentenciado el año pasado a 45 años de prisión. Este caso sirve de advertencia para mandatarios y expresidentes de la región involucrados con el narcotráfico.
Maduro no solo es considerado el capo del Cártel de los Soles y protector del Tren de Aragua, sino también el responsable del robo de la democracia y del deterioro de la vida en Venezuela. Los venezolanos no son gobernados por quienes ganaron las elecciones del 28 de julio de 2024; los niños y jóvenes han dejado de asistir a escuelas y universidades desde hace meses; las instituciones públicas operan solo dos días a la semana; y la inflación podría alcanzar tres dígitos antes de finales de este año.
En cuanto a López Obrador, el acorralamiento judicial de Estados Unidos se basa en la información proporcionada por Ovidio «El Ratón» Guzmán e Ismael «El Mayo» Zambada. Además, se esperan datos adicionales de los 53 narcotraficantes entregados este año por el gobierno de Claudia Sheinbaum a Washington, entre ellos Rafael Caro Quintero, líder histórico del Cártel de Guadalajara, y Leobardo García Corrales, alias «Don Leo», integrante del Cártel de Sinaloa, quien habría realizado aportes a la campaña presidencial de Sheinbaum.
López Obrador, quien solía ofrecer conferencias de prensa diarias conocidas como «Las Mañaneras», ahora guarda un silencio sepulcral, esperando que Estados Unidos desvíe su atención hacia temas de mayor prioridad, como la guerra en Ucrania, los conflictos en Oriente Medio o la pugna comercial con China y otras naciones.
Los remezones en la región son evidentes y podrían culminar en un sismo político. Gobiernos de derecha, como los liderados por Daniel Noboa en Ecuador y Santiago Peña en Paraguay, podrían declarar al Cártel de los Soles como una organización narcoterrorista. Además, las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, Perú y Chile podrían inclinar el péndulo político regional hacia la derecha.
A partir de la información proporcionada por los capos del narcotráfico internacional y de la acción judicial y militar de Estados Unidos, la caída de Maduro podría desencadenar un efecto dominó que alcance a presidentes y exmandatarios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y otros países. En resumen, se avecina un cambio político de grandes dimensiones en la región, posiblemente de carácter tectónico.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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