El nerviosismo es inocultable en el chavismo y el morenismo ante la posibilidad de que fuerzas militares de Estados Unidos incursionen en Venezuela y México para capturar a gobernantes y exgobernantes acusados de narcoterrorismo debido a sus vínculos con el crimen organizado. Esta preocupación se extiende a otros líderes latinoamericanos que han presidido o presiden gobiernos relacionados con cárteles catalogados por Donald Trump como organizaciones terroristas.
Una serie de eventos señala principalmente al presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, sucesor del fallecido Hugo Chávez Frías. Aunque se negoció con él la liberación de rehenes estadounidenses y el intercambio de presos, la administración de Trump lo señaló como líder del Cártel de los Soles, una organización criminal conformada por la cúpula militar venezolana con conexiones al Cártel de Sinaloa, el más poderoso de México.
Posteriormente, la recompensa por la captura de Maduro se elevó a 50 millones de dólares, una de las más altas en la historia contemporánea. Además, el viernes 8 de agosto, The New York Times reveló que Trump firmó en secreto una orden ejecutiva que autoriza a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a atacar organizaciones narcoterroristas en territorios extranjeros.
La tensión se apoderó del chavismo: Maduro dejó de aparecer en público durante varios días, y sus aliados respondieron con graves advertencias. Diosdado Cabello, ministro del Interior y número dos del régimen, amenazó: “Sabemos dónde está María Corina Machado”, evidenciando la peligrosidad de un régimen que se siente acorralado. Aunque los detalles de la orden ejecutiva de Trump no se han hecho públicos, Maduro y su entorno han extremado precauciones para evitar traiciones internas, motivadas por la millonaria recompensa, u otras sorpresas. Maduro duerme en lugares diferentes cada noche, está protegido por varios anillos de seguridad y cuenta con personas que prueban sus alimentos antes de consumirlos.
En manos de la justicia estadounidense, colaborando para evitar cadenas perpetuas, se encuentran figuras como Hugo “El Pollo” Carvajal, exdirector de inteligencia venezolano; los narcotraficantes mexicanos Ismael “El Mayo” Zambada, Joaquín y Ovidio Guzmán López (hijos de El Chapo Guzmán) y Rafael Caro Quintero; así como el ecuatoriano Adolfo Macías, alias Fito. ¿Qué información incriminatoria estarán proporcionando? Esto se revelará cuando se realicen capturas en operativos militares sofisticados y los acusados comparezcan ante jueces federales de Estados Unidos.
Un elemento reciente es el seguimiento de inteligencia sobre Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Maduro, y sus recurrentes viajes a México, aparentemente para reunirse con capos del narcotráfico por encargo del régimen chavista o del Cártel de los Soles. Los datos, mensajes, grabaciones, fotografías, videos y otros indicios proporcionados por colaboradores de la justicia también generan preocupación entre figuras prominentes de Morena, empezando por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien habría recibido financiamiento del Cártel de Sinaloa desde 2006 para sus campañas presidenciales, basado en su “amistad” con El Mayo Zambada y la relación de los hijos de El Chapo con los hijos del exmandatario.
Otros personajes bajo sospecha de colaborar y encubrir al narcotráfico —que también trafica carburantes, minerales, armas, seres humanos, órganos y drogas sintéticas— incluyen a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa desde 2021; Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación durante el gobierno de López Obrador y actual senador de Morena; y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sucesora de López Obrador desde el 1 de octubre de 2024.
A diferencia del régimen chavista, caracterizado por su sesgo criminal, el primer sexenio de Morena, bajo el liderazgo de López Obrador, se presentó como una gestión honesta, progresista y apegada a la ley. Sheinbaum ha descartado una posible intervención militar estadounidense, confiando en una nueva entrega de narcotraficantes desde México, como ocurrió en febrero, cuando se extraditó a 29 acusados, encabezados por Rafael Caro Quintero, líder histórico del Cártel de Guadalajara.
Sin embargo, no se puede descartar que Trump esté buscando desviar la atención de los datos revelados sobre su relación con Jeffrey Epstein y los abusos sexuales cometidos contra adolescentes en décadas pasadas. Es la primera vez que un gobierno estadounidense autoriza una invasión militar en territorios extranjeros con el pretexto de combatir el narcoterrorismo, reminiscentes de las acciones de los años 60 y 70 durante la llamada guerra contra el comunismo.
La preocupación también alcanza a otros gobernantes y exgobernantes de la región, como Evo Morales Ayma, por sospechas de vínculos con el narcoterrorismo. En 2011, durante su gobierno en Bolivia, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos mayores de El Chapo, visitaron el país para estudiar pilotaje y acceder a la Asamblea Legislativa. ¿Aparecerán sus nombres o los de sus allegados en la información proporcionada por quienes se declaran culpables en tribunales estadounidenses? Expolicías bolivianos presos en Estados Unidos y Colombia, como Maximiliano Dávila y Omar Rojas Echeverría, podrían corroborar estos indicios o abrir nuevas líneas de investigación.
Mientras se espera que esto se aclare, la atención se centra en Venezuela y México. Estados Unidos podría estar iniciando una lucha contundente contra el narcoterrorismo, especialmente ante las 70,000 a 100,000 muertes anuales en sus calles por el consumo de fentanilo, o podría tratarse de una maniobra de Trump para desviar la atención de la opinión pública estadounidense.
El narcoterrorismo representa un grave peligro para nuestros países. Fomenta la violencia, desestabiliza gobiernos, socava la seguridad ciudadana y obstaculiza el desarrollo social y económico. Al estar vinculado al narcotráfico, alimenta la corrupción y la impunidad, agravando aún más el riesgo para la estabilidad y la paz en la región. Es imperativo enfrentar a los narcoterroristas con determinación.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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