El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, pidió al Gobierno que aclare de forma definitiva si el contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Trafigura es auténtico o falso. La solicitud surge tras la filtración de documentos sobre la compraventa de petróleo crudo.
Según el legislador, existen contradicciones oficiales sobre la existencia del acuerdo. Por ello, demandó una explicación pública que despeje las dudas en torno al denominado “caso Trafigura”.
Contradicciones sobre la existencia del contrato
Alarcón afirmó que el propio Gobierno negó inicialmente la existencia de un contrato para la compra de barriles de petróleo. Incluso, un comunicado de YPFB sostuvo la misma versión.
Sin embargo, después se difundieron documentos que mostrarían un contrato firmado a mediados de diciembre. También aparecería una adenda suscrita 14 días después.
“Que el Gobierno aclare de una vez por todas si existe el contrato o no”, declaró el diputado en el programa televisivo Que No Me Pierda, donde exhibió copias de los documentos.
Observaciones a la adenda y a los montos
En caso de que los contratos sean auténticos, el legislador exige explicaciones adicionales. Cuestionó por qué se modificaron las condiciones apenas dos semanas después de la firma.
También pidió justificar la diferencia de precios y la inclusión de una garantía de 20.000 dólares dentro de un contrato de carácter millonario. Según su criterio, estos elementos deben ser transparentados ante la opinión pública.
Comisión parlamentaria investigará el “caso Trafigura”
El diputado informó que la Cámara de Diputados conformará una comisión para investigar el caso. No obstante, aclaró que no integrará esa instancia.
Explicó que la directiva definirá la metodología de trabajo y la composición final de la comisión. El objetivo será revisar la documentación y establecer responsabilidades.
Pedido de informe con plazo de 10 días
Alarcón presentó un pedido de informe escrito al Ejecutivo. La normativa establece un plazo de 10 días hábiles para la respuesta.
Además, envió una nota al Procurador General del Estado. Solicitó que, junto con el ministro de Hidrocarburos y el presidente de YPFB, se esclarezca la situación contractual.
Posibles acciones legales si los documentos son falsos
El legislador sostuvo que, si los contratos son falsos, YPFB debe presentar una querella por presunta falsedad material e ideológica. Afirmó que falsificar un instrumento público constituye un hecho grave.
En ese escenario, la estatal petrolera debería precisar ante qué fiscalía inició acciones penales. Caso contrario, dijo, corresponde reconocer la validez del contrato.
Finalmente, advirtió que, si se confirma la veracidad del acuerdo, el Gobierno también deberá explicar por qué contrató con una empresa que —según señaló— registra antecedentes de investigaciones y sanciones en el ámbito internacional.









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