El presidente Rodrigo Paz promulgó este domingo la Ley 1709, mediante la cual amplía de tres a seis meses la permanencia obligatoria en el país de las exautoridades del nivel nacional y de las entidades territoriales autónomas. De este modo, la norma modifica la Ley 1352 y, además, entra en vigencia inmediata tras su publicación en la Gaceta Oficial.
Con esta decisión, el Gobierno busca fortalecer la rendición de cuentas y, al mismo tiempo, asegurar procesos de transición ordenados dentro de las instituciones públicas.
Ley 1709 redefine el régimen de permanencia
La nueva normativa establece que toda autoridad que concluya su mandato o pierda el cargo deberá permanecer en territorio nacional durante seis meses. Hasta ahora, la legislación solo exigía un plazo de tres meses.
Por tanto, el Estado duplica el periodo con el propósito de garantizar la presencia de los exfuncionarios ante eventuales requerimientos administrativos o legales.
Autoridades alcanzadas por la disposición
La ley comprende a las máximas autoridades del nivel central, a los gobiernos subnacionales y, asimismo, a los responsables de empresas públicas, mixtas y privadas que administran recursos estatales.
En ese sentido, la disposición impide que estas personas salgan del país durante el periodo establecido, salvo que obtengan autorización conforme a los procedimientos vigentes.
Transparencia y entrega de informes como eje central
El texto legal señala que la permanencia obligatoria busca asegurar que las exautoridades entreguen los informes que soliciten las autoridades entrantes.
Así, la norma procura precautelar los intereses del Estado y, además, fortalecer la transparencia en la gestión pública.
Asimismo, la medida facilita la continuidad administrativa y, de este modo, reduce los vacíos de información durante el relevo de autoridades.
Vigencia inmediata tras su publicación
La publicación de la Ley 1709 en la Gaceta Oficial activó su vigencia el mismo día de la promulgación.
Por ello, la norma comenzó a regir justo cuando se cumplían los tres meses previstos por la legislación anterior.
En consecuencia, toda exautoridad que deje funciones a partir de ahora deberá cumplir el nuevo plazo de seis meses.
Trámite legislativo y origen del proyecto
El pleno de la Cámara de Senadores sancionó el proyecto el sábado y, posteriormente, lo remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
La diputada Claudia Bilbao, del Partido Demócrata Cristiano, impulsó la iniciativa con el objetivo de fortalecer el control posterior al ejercicio de la función pública.
Refuerzo al control posterior de la gestión pública
Con esta modificación legal, el Gobierno busca cerrar vacíos que dificultaban la fiscalización de exautoridades.
De esta manera, se fortalecen los mecanismos de control y, finalmente, se promueve una administración pública más ordenada y transparente.






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