Un juez ordenó este sábado la prisión preventiva de Róger Mariaca, Alberto Zeballos, Martín Irusta y Rubén Aparicio, investigados por presuntos vínculos con una estructura de protección al narcotráfico relacionada con Sebastián Marset.
Mariaca será recluido en Cantumarca, Potosí; Zeballos, en El Abra, Cochabamba; Irusta, en Patacamaya, La Paz; y Aparicio, en Chonchocoro, La Paz. La audiencia cautelar se extendió por más de 14 horas y concluyó después de las 05:00.
Decisión judicial
La resolución también rechazó el pedido de Mariaca para ser sometido a un juicio de responsabilidades. El juez determinó que los delitos investigados corresponden a la justicia ordinaria y consideró que no se acreditó que fueran cometidos en el ejercicio de funciones públicas.
La defensa había cuestionado la competencia de la justicia ordinaria debido al anterior cargo de Mariaca como fiscal general. El juzgador citó la Ley 044 y concluyó que las circunstancias planteadas no encajan en el régimen especial para altas autoridades.
Además, el juez declinó competencia territorial al considerar que los hechos investigados ocurrieron principalmente en Santa Cruz. Los antecedentes deberán remitirse al juzgado competente de ese departamento, aunque la audiencia cautelar pudo continuar en La Paz.
Hipótesis fiscal
La Fiscalía sostiene que los cuatro investigados habrían integrado una estructura que proporcionaba protección institucional a organizaciones vinculadas con el narcotráfico y que habría favorecido las actividades de Marset.
La imputación menciona informes policiales, información atribuida a la UIF, antecedentes procedentes de Estados Unidos, material audiovisual, dispositivos electrónicos y dinero secuestrado.
Según la hipótesis fiscal, la supuesta estructura habría permitido movimientos de sustancias controladas y anticipado información sobre operativos policiales. También se menciona un presunto pago de hasta 500.000 dólares mensuales por protección e información.
La investigación atribuye distintos roles a los acusados. Mariaca y Zeballos aparecen vinculados a tareas de protección desde el Ministerio Público, mientras Aparicio habría cumplido funciones similares desde la Policía e Irusta una función operativa.
Los cuatro fueron aprehendidos entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. La Fiscalía pidió seis meses de detención preventiva para realizar peritajes, análisis financieros y otras diligencias investigativas.
Las acusaciones forman parte de una investigación en curso y deberán ser demostradas durante el proceso penal.



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