El presidente de Control Social de El Alto, Gregorio Gómez, presentó este jueves una demanda penal contra el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, por la presunta “venta anticipada” de oro de las reservas internacionales, que habría generado una pérdida de 800 millones de dólares para el Estado. Las autoridades denunciadas no se han pronunciado al respecto.
Acusaciones y delitos imputados
La demanda, interpuesta en la Fiscalía Departamental de La Paz, incluye los delitos de conducta antieconómica, peculado, uso indebido de influencias y enriquecimiento ilícito. Gregorio Gómez calificó los actos como “un desfalco al país” y exigió transparencia en la investigación. “Tienen que aclararse los movimientos del BCB (…), dónde están las 22,7 toneladas, qué movimientos se han hecho y dónde está la plata”, declaró a la prensa.
Detalles de la operación y reservas comprometidas
El abogado querellante, Kurmi Rocha, detalló que, conforme a la Ley 1503, el BCB debe mantener 22 toneladas de oro en sus bóvedas. Sin embargo, afirmó que esta cantidad no existe actualmente porque 8,4 toneladas fueron “pignoradas” (dadas en garantía) en seis bancos internacionales a cambio de 828 millones de dólares, fondos que se destinaron al pago de combustible. Esta cantidad representa más del 34% de las reservas totales de oro.
Antecedentes y postura oficial
Esta es la segunda vez que se presenta la denuncia, luego de que una primera fuera rechazada por la Fiscalía. Previamente, el 11 de septiembre, el gerente de Operaciones Internacionales del BCB, Oswaldo Quelali, había confirmado tres operaciones de “contratos a futuro” con el oro, realizadas en 2025, que generaron ingresos cercanos a los 800 millones de dólares para pagos internacionales y deuda externa. Un día antes, el ministro Montenegro defendió la legalidad de las operaciones, asegurando que se enmarcan en la normativa vigente.
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