La historia del litio boliviano se sustenta en dos normas clave. La primera es la Ley 719, promulgada el 15 de febrero de 1985 por Hernán Siles Suazo, que declara «de necesidad nacional la exploración, explotación, beneficio y comercialización de los recursos minerales metálicos y no metálicos yacentes en la Cuenca Evaporítica del Gran Salar de Uyuni, ubicado en el departamento de Potosí». La segunda es el Decreto Supremo 21260, firmado el 16 de mayo de 1986 por Víctor Paz Estenssoro, que «declara en reserva fiscal al Gran Salar de Uyuni». Esta última disposición pudo haber sido una de las razones por las que Paz Estenssoro evitó firmar el contrato con la Lithium Corporation (Lithco), dejando la decisión en manos de su sobrino Jaime Paz Zamora.
Sin embargo, Paz Zamora no logró concretar el negocio del litio, ni siquiera tras haber cumplido con la Ley 719 y convocado a una licitación pública internacional. La elevación de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10% al 13% desalentó a la empresa ganadora, la Lithium Division de la FMC Corporation, que optó por invertir en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, Argentina. Allí estableció su filial Minera del Altiplano, que opera sin mayores inconvenientes hasta la fecha.
Mientras tanto, en Bolivia, el Salar de Uyuni quedó sin operador para la explotación de sus salmueras. Algunos visionarios, como Juan Quesada, encontraron oportunidades en el turismo y comenzaron a construir hoteles de sal, pese a la resistencia de los lugareños. Pero esa es otra historia.
Durante el gobierno democrático de Hugo Banzer, que sucedió a la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, el senador Gonzalo Valda Cárdenas, una figura clave del cogobernante MIR en Potosí, impulsó la aprobación de la Ley 1854, promulgada el 8 de abril de 1998. Esta norma, en su único artículo, redujo la reserva fiscal del Salar de Uyuni a solo «el perímetro que corresponde a la costra salina». Bajo este nuevo esquema, el salar fue dividido en cuadrículas, y varias de ellas fueron concesionadas a dos empresas: Copla Ltda., dedicada al mercado del boro, y la empresa minera Río Grande, representada por los bolivianos David Moscoso y Álvaro Ugalde.
Este fue el inicio de los grandes negociados en torno al litio. Por un lado, Valda facilitó la privatización de parte del salar a precios que nunca se conocerán, pues estos acuerdos suelen cerrarse bajo la mesa. Sin mediar licitación, el Salar de Uyuni fue entregado a intereses privados. Prueba de ello es que, casi de inmediato, Río Grande, cuya única propiedad eran las concesiones en el salar, se asoció con Quiborax S.A., una empresa que hoy es la tercera productora mundial de ácido bórico y tiene su base en la región chilena de Arica y Parinacota. Es decir, el litio boliviano terminó en manos de una empresa chilena, una paradoja que no deja de ser inquietante.
Juan José Toro Montoya es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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