El reporte policial, y por lo tanto oficial, señala que hasta el 4 de marzo, día en que se accidentó un bus de la flota Challapata, la cantidad de fallecidos en siniestros automovilísticos en el departamento de Potosí ascendía a 132 personas. Se trata de la cifra más alta de la historia, con un promedio de dos muertos por día.
Podría ocupar suplementos enteros e incluso escribir un libro sobre las razones que han convertido a Potosí en el departamento más inseguro para el transporte terrestre de pasajeros. Sin embargo, dado que esta columna se lee en varios medios nacionales, dejaré de lado lo regional para enfocarme en un problema mayor: el estado crítico del transporte público en Bolivia.
Aspectos tan elementales como el control de los buses al momento de partir son prácticas comunes en gran parte del país. No obstante, en mi opinión, el problema de fondo radica en los sobornos, que se han convertido en el principal incentivo para quienes ocupan cargos públicos.
Hoy en día, muchas personas buscan acceder a funciones estatales no por el sueldo, sino por la posibilidad de obtener ingresos ilícitos mediante el cobro de coimas. ¿Por qué en gran parte del país ya no se ejerce un control efectivo sobre los buses? ¿Cuánto pagaron y a quiénes las empresas que prefieren operar sin supervisión? Tal vez encontraríamos respuestas en entidades como la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y la Dirección de Tránsito.
Gracias a mi trabajo como periodista, he tenido la oportunidad de viajar por Sudamérica, Norteamérica y Europa, y en todos los países que visité encontré sistemas de transporte público que, si bien no siempre son eficientes, al menos están organizados y cumplen con las normativas del sector. En España, por ejemplo, existe un sistema metropolitano que integra trenes, metros y buses, permitiendo que una persona viva en una ciudad y trabaje en otra, con horarios estrictos que facilitan la planificación diaria. En Bolivia, en cambio, el transporte público está monopolizado por cooperativas y sindicatos, que impiden cualquier intento de modernización. Cuando se han implementado servicios innovadores, como el Teleférico en La Paz o el Tren Metropolitano en Cochabamba, estas organizaciones han recurrido a medidas de presión para bloquearlos, sin derecho legítimo para hacerlo. En este contexto, los transportistas no solo brindan un servicio deficiente, sino que también tienen la capacidad de aumentar tarifas a su antojo, como ocurrió recientemente en varias capitales del país. ¿Cómo es posible que algunas alcaldías aprobaran estos incrementos sin exigir mejoras en el servicio? Aquí también hay indicios de sobornos a autoridades municipales.
Por lo tanto, el problema del transporte público en Bolivia no radica únicamente en su desorganización, sino en la corrupción que permea el sector. Las organizaciones y empresas de transportistas han logrado someter a las autoridades mediante el pago de coimas. Sí, hablo de corrupción, ese mal endémico que no solo desfalca al país, sino que ahora también cobra cientos de vidas.
Juan José Toro Montoya es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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