Abusos con el idioma
El 31 de agosto de 2026 se puso fin a un abuso que nunca estuvo plenamente justificado: la vigencia del “Certificado Único de Idiomas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia”, requisito ineludible para el acceso a la función pública. El fondo de la exigencia era legítimo: validar los idiomas originarios y evitar su desaparición. Se introdujo en la normativa boliviana mediante el primer parágrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado (CPE), que reconoce 36 de esos idiomas como oficiales de Bolivia, además del español, al que el texto constitucional sigue llamando castellano. Más adelante, el artículo 234 establece como exigencia “para acceder al desempeño de funciones públicas” el “hablar al menos dos idiomas oficiales del país” (234.7). Hasta ahí todo estaba muy bien, pero los problemas comenzaron cuando los funcionarios encargados de aplicar esas reformas constitucionales las […]







