La Fiscalía de Estados Unidos solicitó al juez Rossie Alston Jr. admitir pruebas de presuntos sobornos pagados por Sebastián Marset a funcionarios de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela. La acusación sostiene que esos pagos le permitieron obtener información policial, protección institucional y facilidades para mantener sus operaciones de narcotráfico.
El pedido forma parte de una serie de mociones presentadas por el Departamento de Justicia antes del juicio previsto para principios de 2027. Los fiscales buscan demostrar que el acusado utilizó una red de contactos en organismos estatales para obstaculizar investigaciones y evitar su captura.
La documentación judicial señala que los presuntos pagos permitieron a Marset acceder a información confidencial de las fuerzas del orden, recibir alertas sobre operativos y conocer reuniones entre agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y funcionarios bolivianos.
En Bolivia, la Fiscalía estadounidense también pretende presentar pruebas de que el acusado recibió archivos relacionados con investigaciones por narcotráfico, lo que habría facilitado sus movimientos y la continuidad de sus actividades ilícitas.
Comunicaciones cifradas
Además de los presuntos sobornos, los fiscales solicitaron incorporar mensajes intercambiados mediante teléfonos vinculados a la plataforma Sky ECC. La investigación identificó 12 números asociados a presuntos integrantes de la organización, tres de los cuales fueron atribuidos a Marset.
Según los documentos, esos dispositivos contienen mensajes, fotografías y otros elementos que permitirían identificar al acusado y establecer sus vínculos con actividades criminales. La Fiscalía también sostiene que cuenta con pruebas independientes sobre un asesinato que Marset habría documentado mediante una fotografía enviada por mensajería.
El Departamento de Justicia pretende incorporar testimonios de un presunto co-conspirador y de un agente encubierto para explicar cómo se trasladaron fondos procedentes del narcotráfico desde Europa hacia Sudamérica.
Defensa cuestiona pruebas
Los abogados de Marset solicitaron excluir del juicio referencias a hechos violentos que, según su planteamiento, no corresponden a los cargos de narcoterrorismo. También cuestionaron la utilización de determinados registros bancarios y testimonios relacionados con la supuesta conspiración para lavar dinero.
La defensa sostiene que la acusación inicial por lavado de dinero carece de validez porque se fundamentó en una transferencia entre Portugal y China que no involucró servidores de un banco estadounidense. También argumenta que Marset no traficó drogas hacia Estados Unidos.
El uruguayo fue capturado el 13 de marzo de 2026 durante un operativo en Santa Cruz de la Sierra y posteriormente expulsado a Estados Unidos con asistencia de la DEA. Allí enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y narcoterrorismo.
El juez Alston todavía debe resolver las siete nuevas mociones presentadas por las partes. La fecha del juicio aún no está definida, aunque las autoridades estadounidenses prevén que se realice a principios de 2027.
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