El presidente de Chile, José Antonio Kast, detuvo el proceso de regularización de cerca de 182.000 migrantes que había impulsado el gobierno anterior de Gabriel Boric. La medida fue confirmada tras la asunción del nuevo mandatario el 11 de marzo y forma parte de su política de “mano dura” frente a la migración irregular.
Según información entregada a la agencia AFP, la administración saliente dejó preparado un decreto para formalizar la situación de personas que ingresaron al país por pasos no habilitados. Sin embargo, el nuevo gobierno decidió no ejecutarlo y, en paralelo, prepara dos proyectos de ley para endurecer el control migratorio.
Gobierno de Kast descarta regularización masiva
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, confirmó que el Ejecutivo no continuará con el plan diseñado por la administración anterior. “No vamos a producir una regularización masiva como se propuso en el gobierno de Boric”, afirmó.
El proceso impulsado previamente buscaba identificar a migrantes irregulares mediante un empadronamiento voluntario. La iniciativa pretendía ordenar la información y facilitar futuras políticas públicas.
Argumentos del Ejecutivo
Sauerbaum justificó la decisión señalando que una parte de los empadronados ya habría cometido delitos. “Nos hemos enterado que 6.000 personas de las 182.000 ya cometieron un delito”, indicó.
El gobierno de Kast ha vinculado el aumento de la delincuencia con la migración irregular. El propio mandatario declaró que en los últimos años “Chile ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado”.
Nuevas leyes contra el ingreso irregular
Como parte de su estrategia, el Ejecutivo enviará al Congreso dos proyectos de ley enfocados en endurecer las sanciones migratorias.
Una de las iniciativas busca tipificar como delito el ingreso irregular al país. La segunda propuesta apunta a sancionar a quienes faciliten o colaboren con el ingreso de migrantes sin documentación.
Estas medidas forman parte de una política más amplia que incluye el refuerzo del control fronterizo en el norte del país.
Refuerzo militar y control en la frontera norte
Cinco días después de asumir, Kast viajó a la región de Arica, en la frontera con Perú, para supervisar la instalación de barreras físicas. El gobierno fijó un plazo de 90 días para completar estas obras en tres regiones del norte.
Además, el Ejecutivo anunció el aumento de efectivos militares y la incorporación de tecnología de vigilancia. Entre los recursos destacan drones, cámaras, sensores y equipamiento especializado.
Plan de expulsión y cifras migratorias
El presidente también prometió avanzar en la expulsión de cerca de 337.000 migrantes en situación irregular que residen en Chile. Según cifras oficiales, la mayoría proviene de Venezuela.
A pesar del endurecimiento del discurso, Kast descartó realizar redadas masivas. “No queremos hacer una persecución lugar por lugar”, afirmó en una entrevista televisiva, aunque advirtió que los migrantes deberán eventualmente regularizar su situación ante el Estado.
Impacto social e incertidumbre entre migrantes
La decisión ha generado preocupación entre la población migrante. Freymar Márquez, una ciudadana venezolana de 30 años, expresó a AFP que la medida aumenta la incertidumbre.
“Si están negando la regularización a esas personas que se empadronaron, qué quedará para quienes no tienen el enrolamiento”, señaló.
Contexto de seguridad en Chile
Aunque el gobierno asocia migración y criminalidad, Chile mantiene indicadores de seguridad relativamente bajos en la región. En 2025, la tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de América Latina.
Sin embargo, en los últimos años se ha registrado un aumento de delitos como secuestros y la presencia de bandas internacionales, entre ellas el Tren de Aragua.
Prioridad política del nuevo gobierno
El combate a la migración irregular y al crimen organizado fue uno de los ejes centrales de la campaña de Kast. Tras asumir, el mandatario anunció la implementación de un “gobierno de emergencia” para enfrentar ambos fenómenos.
La suspensión de la regularización marca el primer giro relevante en la política migratoria chilena bajo su administración y anticipa un escenario legislativo activo en esta materia.





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