
En sus primeros 100 días de gestión, el Gobierno recibió 340 denuncias de corrupción y detectó un presunto daño económico de 8.000 millones de dólares en empresas públicas. El balance fue presentado por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, durante un informe oficial.
Según la autoridad, las denuncias se canalizan mediante un sistema digital con código QR. Además, aseguró que ya existen investigaciones en curso y personas aprehendidas en algunos procesos.
Denuncias de corrupción: balance de los primeros 100 días
En primer lugar, Lupo informó que su despacho implementó un sistema de recepción de denuncias a través de códigos QR. Gracias a este mecanismo, en 100 días se registraron 340 casos.
Asimismo, precisó que todas las denuncias están en etapa de investigación. De ese total, varios expedientes corresponden a entidades estratégicas del Estado.
Entidades bajo la lupa
Entre las instituciones mencionadas figuran el Fondo Indígena, la Aduana Nacional y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En consecuencia, estas entidades forman parte de los procesos en curso.
De acuerdo con el ministro, en estos casos ya se iniciaron investigaciones formales. Incluso, confirmó que existen personas aprehendidas, aunque no detalló cifras específicas.
Auditorías forenses revelan pérdida de $us 8.000 millones
Por otro lado, el informe incluyó los resultados de auditorías forenses en empresas públicas. Según Lupo, estas revisiones identificaron un presunto drenaje de 8.000 millones de dólares.
“Solamente con las auditorías forenses que pusimos, encontramos que se había drenado de los bolsillos de los bolivianos alrededor de 8 mil millones de dólares”, afirmó la autoridad.
En ese contexto, sostuvo que el Ministerio de la Presidencia dejó de cumplir su rol articulador en la gestión anterior. A su juicio, la cartera fue convertida en una estructura con prácticas prebendales.
Transformación digital y ciudadanía digital
Paralelamente, Lupo destacó la implementación de la transformación digital del Estado. Según explicó, esta estrategia busca convertir decisiones estratégicas y promesas presidenciales en acciones concretas y medibles.
Además, señaló que el modelo se basa en eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Por lo tanto, el objetivo es orientar la gestión pública a resultados verificables.
Dentro de este eje, mencionó la ciudadanía digital. Con esta herramienta, aseguró, la población podrá reducir trámites presenciales y evitar filas, especialmente en educación y salud.
Reforma legal y transformación productiva
Finalmente, el ministro afirmó que el principal desafío es impulsar una transformación productiva del Estado. Para ello, indicó, será necesario reformar las principales leyes del país.
En consecuencia, estas modificaciones buscarán sentar las bases del progreso y el bienestar de la población boliviana, según concluyó la autoridad.









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