
La Contraloría General del Estado puso en marcha una fiscalización a la gestión del expresidente Luis Arce, mientras el Legislativo debate una ley que amplía el arraigo de exautoridades de tres a seis meses. La nueva contralora, Sandra Quiroga, aseguró que el objetivo es evaluar el uso de recursos públicos y emitir pronunciamientos técnicos que den certeza a la población.
El anuncio se produce en un contexto marcado por la detención preventiva de Arce por el caso Fondo Indígena y por la aprobación, en Diputados, del proyecto de Ley 192, que busca extender el tiempo de permanencia obligatoria en el país para exautoridades del Estado.
Contraloría activa control a la gestión del expresidente
Sandra Quiroga confirmó que la institución ya trabaja en la revisión de rendiciones de cuentas e informes de la administración de Arce.
“La Contraloría está trabajando fuertemente, vamos a tener resultados”, afirmó la autoridad en declaraciones a medios.
Explicó que la ampliación del arraigo facilitará la emisión de pronunciamientos institucionales sobre el adecuado uso de los recursos públicos.
Según Quiroga, si se detectan irregularidades, la entidad generará indicios de responsabilidad por la función pública, conforme a sus atribuciones legales.
Arce permanece detenido por el caso Fondo Indígena
A la fecha, el expresidente Luis Arce cumple detención preventiva por el caso Fondo Indígena, un proceso que se remonta a 2009.
Este antecedente judicial refuerza el interés público en los resultados de la fiscalización anunciada por la Contraloría.
La autoridad no precisó plazos para concluir la evaluación, pero reiteró que los equipos técnicos ya analizan documentación y reportes oficiales.
Diputados aprueba ley para ampliar arraigo de exautoridades
La Cámara de Diputados aprobó el jueves el proyecto de Ley 192, que amplía de tres a seis meses el arraigo para exautoridades del nivel central del Estado y de entidades territoriales autónomas que concluyeron su mandato.
El objetivo es asegurar su permanencia en el país mientras se revisan sus gestiones.
En el caso del Gobierno de Arce, el plazo actual de tres meses vence el sábado 7 de febrero, tomando en cuenta que el 8 de noviembre juró el presidente Rodrigo Paz.
Quiroga niega persecución y ratifica carácter técnico
La contralora subrayó que la fiscalización no responde a intereses personales ni políticos.
Indicó que la institución actúa para garantizar una buena gestión pública y fortalecer los controles.
“No debe entenderse como una persecución”, sostuvo.
Además, remarcó que se respetan las garantías y derechos de todas las personas, con el fin de contar con entidades fortalecidas y con controles efectivos.
Revisión de rendiciones de cuentas y uso de recursos
Quiroga detalló que el control abarca informes de actividades y rendiciones de cuentas de exautoridades.
El propósito es ofrecer al pueblo boliviano garantías de transparencia y de que los recursos públicos fueron precautelados.
“Eso es lo que buscamos como institución técnica, independiente y objetiva”, afirmó.
Mientras el pleno de la Asamblea define la aprobación final de la ley, la Contraloría continuará con el análisis de la documentación y el seguimiento al uso de fondos estatales.








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