
El Banco Central de Bolivia (BCB) autorizó un crédito extraordinario a favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) por Bs 31.839 millones. El objetivo es cubrir obligaciones de corto plazo asumidas por el Gobierno durante 2025.
La operación fue aprobada el 27 de enero mediante la Resolución N° 11/2026. Además, establece una tasa de interés anual de 4,55%, un plazo de 35 años y un periodo de gracia al capital de cinco años.
Asimismo, el financiamiento se ampara en la Ley N° 1705 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026. Los recursos se destinarán íntegramente a pasivos inmediatos del Tesoro General de la Nación (TGN).
Detalles del crédito aprobado
En primer lugar, el directorio del BCB calificó la operación como un “Crédito Extraordinario” con características concesionales. Esto significa que ofrece condiciones más favorables que las del mercado financiero.
De igual manera, el Ministerio de Economía solicitó que el grado de concesionalidad sea de al menos 30%. Con ello, busca reducir el costo del endeudamiento y aliviar presiones fiscales.
Por otra parte, el crédito permitirá un manejo de pasivos. El MEFP podrá convertir deudas de corto plazo en obligaciones de largo plazo. Así, se mejora el perfil de vencimientos del Estado y se reducen tensiones de liquidez.
Financiamiento directo al Gobierno Central
Según el economista Fernando Romero, la resolución autoriza al BCB a financiar de forma directa al Gobierno Central. La canalización se realiza mediante el MEFP.
En este contexto, el financiamiento puede tomar la forma de créditos o compra de instrumentos del TGN. Además, el directorio del BCB define monto, plazo, tasa y destino de los recursos.
Romero afirmó que este esquema refleja un contexto de dominancia fiscal. Es decir, la política monetaria se adapta a las necesidades del fisco. Por tanto, el propósito es cerrar brechas de liquidez y sostener el gasto público.
Objetivos económicos inmediatos
De acuerdo con Romero, el Gobierno busca evitar un ajuste fiscal abrupto. Al mismo tiempo, pretende proteger la actividad económica y el empleo.
Asimismo, la operación apunta a garantizar la continuidad operativa del Estado. Esto ocurre en un escenario de restricciones de financiamiento externo y menor ingreso de divisas.
Riesgos identificados por analistas
No obstante, el economista advirtió sobre riesgos acumulativos. Entre ellos mencionó el aumento de la deuda interna. También alertó sobre una mayor concentración del BCB como acreedor.
Además, Romero identificó riesgos fiscales, monetarios y patrimoniales. A su juicio, la medida puede afectar la percepción de inversionistas, calificadoras y ahorristas.
Debate sobre la independencia del BCB
En ese marco, Romero sostuvo que el Banco Central cumple un rol cuasi-fiscal. Considera que actúa como financiador recurrente del Gobierno.
Incluso afirmó que este tipo de resoluciones no es excepcional. Para el analista, esto confirma una pérdida de independencia operativa.
Impacto político y fiscal
Finalmente, el economista reconoció que el crédito favorece al Gobierno en el corto plazo. Permite pagar obligaciones y evitar ajustes impopulares.
Sin embargo, advirtió que postergar reformas estructurales eleva los costos fiscales en el futuro.








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