
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez, emitida en el caso conocido como “Golpe II”, y ordenó su libertad irrestricta e inmediata.
El anuncio fue realizado por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, quien explicó que siete magistrados votaron a favor de la nulidad de la sentencia, mientras que dos se pronunciaron en contra. “Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía (…) y en consecuencia se dispone la libertad en el día”, informó Saucedo en contacto con la prensa.
Revisión extraordinaria y fundamentos legales
La decisión se enmarca en una revisión extraordinaria de sentencia presentada por la defensa de Áñez, que argumentó vulneraciones a derechos fundamentales y errores procesales en el fallo original.
Con esta resolución, la sentencia emitida en 2022 por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes queda sin efecto. Áñez había sido condenada a 10 años de prisión, pena que cumplía en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, en La Paz.
Contexto político y procesos pendientes
Jeanine Áñez asumió la presidencia de Bolivia el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales en medio de una crisis política y social, y gobernó hasta el 7 de noviembre de 2020.
Pese a esta decisión del TSJ, la exmandataria aún enfrenta otros procesos judiciales, entre ellos el denominado “Golpe I” y al menos nueve causas ordinarias adicionales.
Su defensa ha denunciado reiteradamente que los juicios en su contra constituyen una “persecución política” impulsada por el Órgano Ejecutivo. No obstante, el TSJ aclaró que la revisión actual solo afecta la sentencia del caso “Golpe II” y no interfiere con los demás procesos en curso.
Lo que sigue
Con la nulidad del fallo, Jeanine Áñez quedará en libertad en las próximas horas, aunque su situación jurídica general continuará sujeta a las decisiones de los tribunales que conocen las otras causas.
La resolución del TSJ marca un giro significativo en uno de los procesos más emblemáticos de los últimos años en Bolivia, y podría tener repercusiones tanto políticas como judiciales en el escenario nacional.


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