La Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Personal imputó al expresidente Luis Arce Catacora por el presunto delito de abandono de mujer embarazada, dentro de un proceso iniciado por Brenda Lafuente, exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam). La imputación fue presentada en La Paz y contempla la solicitud de medidas cautelares, entre ellas arraigo y una fianza de 25.000 bolivianos, debido a un supuesto riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación.
El caso se remonta a una denuncia formalizada en septiembre, cuando Arce aún ejercía la Presidencia del Estado, y se enmarca en el artículo 250 del Código Penal, que prevé penas de tres meses a tres años de cárcel por este delito.
Fiscalía solicita arraigo y fianza económica
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el Ministerio Público pidió la prohibición de concurrir a determinados lugares, la prohibición de comunicarse con personas específicas, además del arraigo y una fianza económica de Bs 25.000.
El documento señala que estas medidas responden a “las características de la reiteración criminal” y a la necesidad de garantizar el normal desarrollo del proceso penal.
Elementos de convicción y riesgo procesal
La orden judicial sostiene que existen “suficientes elementos de convicción” para considerar, de forma preliminar, que Luis Alberto Arce Catacora es probable autor del delito imputado. Según el texto, esta conclusión se basa en las circunstancias del hecho, los elementos reunidos durante la investigación y la conducta asumida por el imputado antes, durante y después de los hechos denunciados.
Asimismo, la Fiscalía advierte un “riesgo evidente de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad”, lo que refuerza la solicitud de medidas cautelares personales.
Qué establece el Código Penal
El requerimiento fiscal cita expresamente el artículo 250 del Código Penal, que establece:
“El que fuera del matrimonio hubiere embarazado a una mujer y la abandonare sin prestarle la asistencia necesaria, será sancionado con reclusión de seis meses a tres años”.
Esta disposición legal es la base jurídica de la imputación presentada por el Ministerio Público.
Denuncia y antecedentes del caso
Brenda Lafuente denunció al exmandatario en septiembre, acusándolo de abandono durante el embarazo y de pensiones familiares impagas. Afirmó que la relación sentimental con Arce habría comenzado en 2023 y que de esa relación nació un hijo.
Según la denunciante, tanto ella como el menor habrían quedado “en total abandono durante todo el embarazo”. Además, sostuvo que Arce se negó a someterse a una prueba de ADN para determinar la paternidad, argumento que reiteró públicamente a fines de octubre, cuando se presentó en la Casa Grande del Pueblo.
Propuesta de pensión y situación legal actual
El 4 de noviembre, Luis Arce propuso el pago de una pensión familiar de 2.635 bolivianos, equivalente al 10% de su salario como presidente, destinada a la manutención del menor.
Actualmente, el exmandatario cumple detención preventiva por cinco meses en el penal de San Pedro de La Paz, en el marco del proceso por desfalco al Fondo Indígena, relacionado con su gestión como ministro de Economía.
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