
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves que vetará el proyecto de ley aprobado por el Parlamento que reduciría las penas impuestas al expresidente Jair Bolsonaro y a otros implicados en el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. La iniciativa fue avalada el miércoles por ambas cámaras del Congreso y podría beneficiar a más de un centenar de bolsonaristas condenados por los hechos del 8 de enero de 2023 en Brasilia.
Lula sostuvo que los delitos contra la democracia deben ser sancionados y subrayó que su decisión se ajusta a las atribuciones constitucionales del Ejecutivo.
Lula confirma el veto presidencial
Durante una rueda de prensa, el mandatario afirmó que vetará la norma una vez llegue a su despacho. “Cuando llegue a mi mesa, lo vetaré”, declaró.
Lula recalcó que quienes atentaron contra el orden democrático deben responder por sus actos y recordó que, aunque el Ejecutivo puede vetar la ley, el Congreso tiene la facultad de intentar revertir esa decisión.
El asalto del 8 de enero y el intento de golpe
El presidente insistió en la gravedad de los acontecimientos ocurridos en enero de 2023, cuando miles de seguidores del bolsonarismo asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado una semana después de su investidura.
Según la Corte Suprema, esos hechos formaron parte de un complot golpista liderado por Jair Bolsonaro, con el objetivo de desestabilizar al nuevo Gobierno y forzar una intervención militar.
Una ley aprobada por la mayoría conservadora
El proyecto de ley fue tramitado de forma acelerada en una semana por ambas cámaras del Congreso, en lo que se interpretó como una victoria de la mayoría conservadora antes del receso navideño.
Además de reducir la condena de Bolsonaro, la norma abriría la puerta a la libertad condicional de más de un centenar de condenados por la asonada del 8 de enero en Brasilia.
Condena y situación judicial de Bolsonaro
El 11 de septiembre, el Supremo Tribunal Federal condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por liderar un complot golpista para perpetuarse en el poder.
Tras agotarse las apelaciones, el alto tribunal ordenó el 25 de noviembre la ejecución de la sentencia, que se cumple en dependencias de la Policía Federal en Brasilia. De acuerdo con cálculos de sus aliados, la entrada en vigor del proyecto permitiría al exmandatario cumplir apenas dos años en régimen cerrado.







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