En artículos anteriores, he señalado de manera reiterada que el crimen organizado en la región ha diversificado sus actividades hacia ilícitos que generan ganancias multimillonarias en poco tiempo. Las mafias actuales no solo trafican con cocaína, metanfetaminas, armas, migrantes, oro, órganos humanos, piedras preciosas, recursos naturales, mercurio y fentanilo, sino que, en México, los carteles han encontrado un lucrativo negocio en el tráfico de diésel y gasolina a través del denominado “huachicol fiscal”. La pregunta es: ¿está ocurriendo algo similar en Bolivia?
El “huachicol fiscal” consiste en el robo y desvío de combustibles, principalmente gasolina y diésel, mediante tomas clandestinas en la infraestructura de suministro, como tuberías, ductos y estaciones de bombeo. Este fenómeno no solo alimenta el mercado negro de carburantes, sino que también implica la evasión de impuestos, causando pérdidas millonarias al erario público, ya que los combustibles robados no se registran como ventas oficiales ni generan ingresos fiscales.
En México, los criminales trafican grandes volúmenes de combustibles que entran o salen del país, vendiéndolos en el mercado negro como carburantes o precursores, a menudo bajo la apariencia de operaciones legítimas para evitar sospechas. Las autoridades mexicanas aseguran combatir el “huachicol fiscal” con labores de inteligencia, operativos policiales y militares, bloqueo de ductos y reformas regulatorias para mejorar la trazabilidad y seguridad en la cadena de suministro.
La periodista mexicana Anabel Hernández, dedicada por décadas a investigar el crimen organizado y sus vínculos con el poder político, afirmó recientemente en su exitoso podcast Narcosistema que en México se ha consolidado un “cartel del huachicol” conectado y financiado por los carteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación. Este cartel controla las rutas y las tomas clandestinas de ductos, asegurando ingresos para sostener otras actividades criminales. Además, gestiona la logística, distribución y venta de combustibles robados mediante alianzas con redes locales y, sobre todo, con la complicidad de autoridades corruptas de alto nivel y empresarios que han convertido el “huachicol fiscal” en una actividad extremadamente lucrativa.
Hernández sostiene que este fenómeno se consolidó durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y continúa en el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ambos de Morena, basado en la corrupción y la protección institucional que emana desde la propia presidencia. El “huachicol” es considerado la segunda fuente de ingresos más importante para el crimen organizado en México, después del narcotráfico.
Con las particularidades del caso, en Bolivia podría estarse gestando una red vinculada al tráfico de combustibles, que escasean en los surtidores debido a la prolongada crisis energética, pero que se ofrecen en el mercado negro a precios exorbitantes. Factores como el sostenido funcionamiento de Botrading, una intermediaria que permite a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) venderse a sí misma diésel y gasolina con jugosas comisiones, el desvío de millones de litros a sectores dispuestos a pagar precios elevadísimos y el contrabando hacia países vecinos para su comercialización a precios internacionales, refuerzan esta hipótesis.
Dirigentes del transporte pesado del occidente boliviano han denunciado que los surtidores, que antes vendían entre 20.000 y 25.000 litros de diésel, ahora no superan los 5.000 a 7.000 litros, ya que el resto es desviado hacia la minería cooperativizada, que demanda grandes cantidades y paga entre 12 y 14 bolivianos por litro. El combustible importado a precios internacionales, destinado a ser comercializado con subsidio en el país, termina generando enormes ganancias para quienes lo desvían, una actividad ilegal que no puede operar sin la protección y complicidad de autoridades gubernamentales de alto nivel.
Un fenómeno similar ocurre en el sector agropecuario. Importadores que lograron la libre internación de diésel, a pesar de la burocracia estatal, se han encontrado con millones de litros en sus depósitos privados debido a la competencia desleal generada por el desvío de combustible, que se vende a empresarios agrícolas “necesitados” a precios de hasta 13 bolivianos por litro, entregado directamente en propiedades del oriente del país.
Las entidades encargadas de fiscalizar que el diésel subsidiado se venda correctamente hacen la vista gorda, mientras las largas filas persisten en los surtidores, donde los conductores no pueden pagar los altos precios del mercado clandestino. YPFB justifica su inacción argumentando que su responsabilidad termina al proveer combustibles a las estaciones de servicio, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha dejado de realizar operativos para identificar a los responsables del tráfico de diésel o gasolina. De hecho, no hay personas sentenciadas por esta actividad ilícita.
A pesar de haber sido investigada por una comisión de la Asamblea Legislativa, Botrading continúa siendo contratada por YPFB para gestionar la importación de volúmenes de diésel —como los 10.000 metros cúbicos recibidos el 9 de septiembre—, con el objetivo de garantizar el suministro por unas semanas más, hasta el fin de la gestión de Luis Arce el 8 de noviembre. La comisión legislativa expresó sospechas de que Botrading podría ser un mecanismo para el lavado de dinero ilícito.
El pasado fin de semana, El País de Madrid informó que el magnate estadounidense James Jensen y su familia fueron acusados de introducir ilegalmente, desde México, 2.881 cargamentos de petróleo crudo en los últimos tres años, haciéndolo pasar por otros productos para evadir impuestos en la aduana fronteriza. Esta operación, que les generó ganancias por 300 millones de dólares, contó con el apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Entre las múltiples tareas que aguardan al nuevo gobierno de Bolivia, una de las más urgentes es abrir la “caja negra” que representa Botrading y el presunto tráfico de carburantes en plena crisis energética. La investigación de la comisión parlamentaria puede ser el punto de partida para indagaciones más profundas, que podrían revelar la existencia de una red criminal en el sector de hidrocarburos, una suerte de “huachicol boliviano”. Reitero: una actividad de esta magnitud no puede concebirse sin la corrupción en los más altos niveles gubernamentales.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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