

Un grupo de abogados, contratados por el gobierno de Venezuela, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de El Salvador para exigir la liberación de 238 venezolanos encarcelados en el país tras ser deportados desde Estados Unidos. La acción legal busca revertir su detención, argumentando que no han cometido delitos en territorio salvadoreño.
La deportación ocurrió el 16 de marzo, cuando el gobierno de Donald Trump aplicó una ley de 1798, utilizada por última vez en la Segunda Guerra Mundial, para expulsarlos. Estados Unidos los señaló como supuestos miembros de la banda criminal Tren de Aragua, una acusación que sus familias rechazan tajantemente.
El abogado Jaime Ortega, quien lidera la iniciativa, explicó a la AFP que el recurso presentado es un habeas corpus dirigido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. “Es un reparo para garantizar la libertad de estas personas”, afirmó, destacando que su detención carece de fundamento legal en El Salvador.
Ortega, acompañado por dos colegas de su bufete, subrayó que los venezolanos fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad sin haber enfrentado cargos en el país. “No han cometido ningún tipo de delitos aquí”, insistió, cuestionando la validez de su reclusión tras la deportación.
El abogado reveló que fue contratado tanto por el gobierno venezolano como por un Comité de Familiares de Personas Venezolanas Detenidas en El Salvador, un grupo hasta ahora desconocido. Este respaldo refleja el interés de Caracas y de los allegados en resolver la situación de los detenidos.
Aunque Ortega cuenta con el mandato directo de las familias de 30 de los presos, aseguró que su trabajo busca beneficiar a los 238 venezolanos por “efecto extensivo”. La estrategia legal apunta a que la Corte ordene su liberación masiva en un solo fallo.
La detención de estos venezolanos ha generado tensiones entre El Salvador, Estados Unidos y Venezuela, poniendo en el foco las políticas migratorias y de seguridad. La decisión de la Corte Suprema será clave para determinar si se respetaron o no los derechos de los deportados.
Este caso también plantea preguntas sobre el uso de leyes excepcionales para deportaciones y el trato a migrantes en la región. Para las familias y defensores, la resolución no solo afecta a los presos, sino que podría sentar un precedente sobre cómo se manejan casos similares en el futuro.
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