La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) advirtió que una eventual ejecución inmediata del fallo que la obliga a pagar 744 millones de bolivianos a Fancesa constituiría una denegación de justicia y podría generar consecuencias económicas e internacionales, mientras permanece pendiente una resolución en la vía constitucional.
La empresa cuestionó que una instancia judicial disponga la ejecución de la sentencia antes de que concluya el tratamiento de un recurso de Queja ante la jurisdicción constitucional. A juicio de Soboce, esa decisión desconocería la jerarquía legal vigente y afectaría garantías procesales.
Además, señaló que la aplicación del fallo tendría efectos sobre su capacidad operativa y financiera. La compañía remarcó que su funcionamiento depende de niveles adecuados de liquidez e inversión, por lo que una ejecución inmediata podría comprometer obligaciones con tenedores de bonos, entidades financieras y fuentes de empleo.
Soboce advierte riesgos jurídicos e internacionales
Soboce también observó que el caso incorpora el concepto de “daño al proyecto de vida” respecto de una sociedad comercial. La empresa sostuvo que esa figura jurídica fue concebida para reparar afectaciones a personas y no a compañías, por lo que consideró que su aplicación abriría un precedente con impacto sobre la seguridad jurídica y la inversión.
La firma añadió que Bolivia sería el primer país en aplicar directa o indirectamente ese criterio a una empresa. En su evaluación, ello podría influir en futuras decisiones judiciales vinculadas con actores privados.
Expropiación de acciones y posibles litigios
La cementera recordó que mantiene desde hace 16 años una demanda para que el Estado boliviano cumpla con el pago del justiprecio por la expropiación de sus acciones en Fancesa. Según expuso, esa obligación continúa pendiente pese a lo establecido en el Decreto Supremo N.º 0616 del 1 de septiembre de 2010.
La compañía considera que las irregularidades denunciadas vulneran tratados bilaterales de inversión y normas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En ese contexto, alertó que una ejecución del fallo antes de un pronunciamiento constitucional podría derivar en nuevos litigios internacionales y eventuales indemnizaciones.
Finalmente, convocó a autoridades, juristas y sectores empresariales a observar el proceso y esperar la decisión del Tribunal Constitucional antes de cualquier medida de ejecución.



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