La Alcaldía de La Paz identificó de forma preliminar 163 presuntos ítems fantasmas tras un operativo extraordinario de verificación de personal. Los casos serán sometidos a auditorías individuales y, de confirmarse irregularidades, derivarán en procesos administrativos y penales por un presunto daño económico superior a 20 millones de bolivianos.
El alcalde César Dockweiler informó que la revisión inicial alcanzó a 850 registros. De ese total, 163 personas no registraron asistencia ni fueron ubicadas en sus puestos de trabajo, por lo que cada caso será investigado para establecer responsabilidades.
Auditorías por presuntos ítems fantasmas
La autoridad precisó que los contratos observados representarían aproximadamente 600.000 bolivianos mensuales en salarios, recursos cuyo destino deberá ser determinado mediante las auditorías internas. Añadió que la cifra de presuntos ítems fantasmas podría aumentar a medida que avance la verificación en otras dependencias municipales.
Los expedientes serán remitidos a la Unidad de Auditoría Interna. Si las investigaciones confirman las irregularidades, el municipio iniciará acciones contra quienes cobraron esos salarios, las unidades que gestionaron las contrataciones, los responsables del control de asistencia y las autoridades de Recursos Humanos que omitieron los controles.
Dockweiler señaló que incluso exresponsables de Recursos Humanos deberán explicar los procedimientos aplicados durante anteriores administraciones.
Nuevos controles y registro biométrico
Como parte de las medidas anunciadas, durante julio se realizarán dos operativos sorpresa en los 145 puntos de control de asistencia del Gobierno Autónomo Municipal. En agosto se ejecutará un censo general de funcionarios mediante un nuevo registro biométrico para actualizar la base de datos institucional.
Además, desde el 1 de julio volverá el horario discontinuo y se reforzarán las verificaciones durante la jornada laboral para fortalecer la presencia del personal y mejorar la atención a la población.
El alcalde indicó que la presunta pérdida económica supera los 20 millones de bolivianos en los últimos tres años. Sostuvo que ese monto equivale al equipamiento completo del Hospital Municipal San Antonio, a cerca de seis meses de operación del servicio Puma Katari o a varias veces el presupuesto anual de la Biblioteca Municipal. También remarcó que el municipio redujo su plantilla de aproximadamente 6.040 a 5.626 funcionarios y que la disminución de ingresos hace indispensable fortalecer los mecanismos de control.





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