El Gobierno respondió este miércoles al pliego de demandas de la Central Obrera Boliviana (COB) y aseguró que no impulsará procesos de privatización ni acuerdos reservados de financiamiento externo. La posición oficial busca abrir espacio para un eventual diálogo con la organización sindical.
La respuesta gubernamental fue emitida mientras la COB evalúa la propuesta en un ampliado que definirá la instalación de mesas de negociación. Según informó el Ejecutivo, se ratificó el compromiso de preservar las empresas públicas estratégicas y evitar su transferencia a intereses privados nacionales o extranjeros.
En el documento enviado a la organización sindical, el Gobierno también abordó las observaciones sobre el financiamiento internacional. De acuerdo con la respuesta oficial, toda negociación, crédito o acuerdo con organismos externos será transparentado conforme a la normativa vigente y bajo criterios de soberanía nacional, sostenibilidad fiscal e interés público.
Transparencia de créditos y rechazo a la privatización
La posición oficial responde a uno de los principales puntos planteados por la COB, que exigió garantías contra cualquier forma de privatización, capitalización o concesión de empresas estatales estratégicas. Según el Gobierno, no se promoverán medidas de ese tipo ni la entrega de recursos naturales estratégicos a actores privados.
Respecto a la distribución de recursos bajo el criterio denominado 50/50, el Ejecutivo anunció que impulsará una mesa técnica de pacto fiscal con las instancias competentes. Según el documento, el proceso se desarrollará dentro del marco constitucional, autonómico y de sostenibilidad financiera del Estado.
Diálogo con la COB y garantías para la protesta pacífica
El Gobierno también manifestó que no respaldará normas que criminalicen la protesta pacífica ni disposiciones que restrinjan de forma desproporcionada el derecho constitucional a la movilización. Sin embargo, aclaró que mantendrá la obligación de garantizar la circulación, el abastecimiento de productos esenciales y la seguridad de la población.
Asimismo, el Ejecutivo expresó su respaldo a la conformación de una Comisión Especial Mixta Legislativa para investigar el caso denominado “narcomaderas” o la droga incautada en Chile.
Según declaró el Gobierno, la administración de Rodrigo Paz mantiene su disposición al diálogo y propone instalar de inmediato mesas de trabajo temáticas con agenda pública, plazos definidos, actas verificables y seguimiento institucional.




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