Bolivia descendió dos posiciones en el Global Peace Index (GPI) 2026 y se ubicó en el puesto 92 entre 163 países evaluados. El economista Fernando Romero relacionó este retroceso con el aumento de la conflictividad interna y alertó sobre sus posibles efectos en la percepción internacional de estabilidad y gobernabilidad.
Con una puntuación de 2.054, el país se mantiene en una posición intermedia dentro de la clasificación global. En Sudamérica, quedó por detrás de Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina, aunque conservó mejores indicadores que Perú, Brasil, Venezuela, Ecuador y Colombia.
Romero destacó que Bolivia continúa mostrando niveles de estabilidad superiores a los de países afectados por conflictos armados o elevados índices de violencia criminal. Sin embargo, observó señales de deterioro que comienzan a generar preocupación entre organismos internacionales y potenciales inversionistas.
Ranking de paz refleja mayor conflictividad interna
El economista sostuvo que la evolución negativa en este tipo de indicadores puede influir en la imagen del país ante los mercados internacionales. Aspectos como la gobernabilidad, la estabilidad institucional y la seguridad jurídica suelen ser considerados al momento de evaluar destinos de inversión.
Entre los factores que identificó figuran el incremento de los conflictos sociales, los bloqueos y las movilizaciones prolongadas. También mencionó la creciente polarización política y la incertidumbre institucional en un escenario marcado por dificultades económicas y tensiones preelectorales.
Impacto económico y señales de advertencia
Romero explicó que este contexto eleva la percepción de riesgo político y social, al tiempo que genera costos económicos derivados de interrupciones productivas, problemas logísticos y una menor actividad comercial.
En sus estimaciones, el deterioro registrado entre 2025 y 2026 podría representar para Bolivia pérdidas anuales de entre 150 y 400 millones de dólares. El cálculo contempla una menor inversión extranjera, mayores costos financieros y retrasos en proyectos estratégicos.
El economista advirtió que, si los conflictos sociales y los bloqueos persisten durante gran parte de 2026, el impacto económico podría escalar hasta un rango de entre 3.000 y 7.000 millones de dólares. A su juicio, la posición futura del país en el índice dependerá de su capacidad para reducir la conflictividad y fortalecer el diálogo político, evitando que estas tensiones se conviertan en un factor permanente para la paz y la gobernabilidad.




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