El sector agropecuario del oriente boliviano declaró estado de emergencia ante la posibilidad de abrogar la Ley 1720, norma vinculada a la conversión de tierras. Los productores cruceños, articulados en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), advirtieron que podrían asumir medidas de presión tras una asamblea clave convocada para el 14 de mayo.
La reunión se realizará en la ciudad de Montero, en Santa Cruz, y reunirá a distintos subsectores productivos. El objetivo es definir una posición frente a la incertidumbre generada por el debate sobre la norma. Los dirigentes del sector sostienen que requieren reglas claras para sostener la producción y el desarrollo económico del país.
Productores agropecuarios en estado de emergencia
Los productores del oriente boliviano mantienen su estado de emergencia debido a la intención de abrogar la Ley 1720, conocida como ley de conversión de tierras. Según el sector, la norma es clave para garantizar seguridad jurídica y continuidad en las actividades productivas.
La CAO advirtió que la falta de certidumbre normativa podría afectar la inversión y el crecimiento del sector. En ese contexto, los productores exigen al Gobierno reglas estables que permitan planificar la actividad agropecuaria a largo plazo.
Asamblea en Montero definirá posibles medidas de presión
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, confirmó la realización de una asamblea de emergencia el 14 de mayo en Montero. Señaló que el encuentro fue impulsado por los propios subsectores productivos de Santa Cruz.
“De ahí empezarán a salir las medidas de presión”, advirtió Frerking a Unitel, al remarcar que el sector necesita certidumbre para seguir trabajando. La reunión será decisiva para definir acciones posteriores frente al escenario político y legislativo.
Ley 1720 y el rol del INRA en la conversión de tierras
La Ley 1720 autoriza la conversión de pequeña a mediana propiedad a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Según el sector productivo, esta medida permite mejorar la productividad mediante acceso a tecnología y créditos.
Frerking afirmó que la norma beneficia especialmente a productores de menor escala. Explicó que la conversión voluntaria permitiría aumentar la producción en la misma superficie de tierra, lo que contribuiría a la eficiencia agrícola y al desarrollo económico.
Tensión política por posible abrogación de la norma
La alarma en el sector agropecuario se activó luego de que el Gobierno confirmara un acuerdo con sectores campesinos para gestionar la abrogación de la Ley 1720 ante la Asamblea Legislativa. El hecho surgió tras un diálogo con el presidente Rodrigo Paz Pereira.
Según el vocero gubernamental, la eventual abrogación debería acompañarse de un nuevo proyecto de ley que incorpore “dos visiones” sobre el uso de la tierra. Sectores campesinos e indígenas cuestionan la norma, al considerar que podría afectar las tierras comunitarias y las TCO (Tierras Comunitarias de Origen), versión rechazada por el Ejecutivo en anteriores ocasiones.
Acusaciones de intereses políticos detrás del conflicto
Desde la CAO, Klaus Frerking sugirió que detrás del impulso para derogar la norma existirían intereses políticos y financiamiento externo. A su criterio, la desinformación estaría influyendo en el debate público sobre el uso de la tierra.
El dirigente sostuvo que el Gobierno fue electo para “poner orden y reglas claras” en el país. También pidió investigar el origen de estos posibles financiamientos, al considerar que el conflicto ya trasciende lo técnico y se ha convertido en un tema político.
Un sector que exige certidumbre para producir
El sector agropecuario insiste en que la Ley 1720 representa una herramienta clave para mejorar la productividad. Según la CAO, cerca del 90% de los productores requiere condiciones estables para decidir su futuro productivo.
Los dirigentes remarcan que cualquier cambio normativo debe garantizar continuidad en la inversión, el acceso al crédito y la expansión tecnológica del agro. En ese marco, la asamblea de Montero será determinante para definir la siguiente fase del conflicto.
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