
El ministro de Trabajo, Edgar Morales, informó que el Estado registra un gasto anual de Bs 47,1 millones en salarios y beneficios de trabajadores declarados en “comisión” sindical. La cifra corresponde a dirigentes que mantienen el 100% de sus ingresos mientras cumplen funciones de representación.
La autoridad advirtió que el monto podría escalar hasta Bs 70 millones anuales a nivel nacional. Según explicó en entrevista con radio Erbol, existen casos no registrados y declaraciones salariales parciales que no están incluidos en el cálculo oficial.
¿Qué es la declaratoria en comisión y cómo funciona?
La figura de “comisión” permite que dirigentes sindicales se dediquen a tareas de representación sin perder su salario ni beneficios sociales. Este mecanismo está respaldado por el Decreto 4710 de 2022.
De acuerdo con la normativa, los trabajadores en comisión continúan percibiendo ingresos completos mientras ejercen funciones dentro de sus organizaciones. Esto incluye a entidades como la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), la Central Obrera Boliviana (COB) y las centrales obreras departamentales (COD).
Distribución del gasto por organizaciones sindicales
El Ministerio de Trabajo presentó un desglose que suma Bs 47.162.694 anuales. Los datos muestran una alta concentración en algunas organizaciones clave:
Montos más elevados
- La FSTMB encabeza la lista con Bs 11,9 millones.
- La COD de Santa Cruz registra Bs 10,1 millones.
Otros montos relevantes
- La COD La Paz alcanza Bs 5,8 millones.
- La COB suma Bs 5,1 millones.
- Organizaciones en Oruro y Potosí superan los Bs 4 millones cada una.
Regiones con menor gasto
En contraste, Beni y Pando reportan montos inferiores a Bs 500.000, según el informe oficial.
Financiamiento y falta de control, según el Ministerio
Morales explicó que parte de estos recursos proviene de los propios trabajadores. A través de descuentos salariales, los afiliados aportan aproximadamente el 1% de sus ingresos para financiar a sus sindicatos.
Sin embargo, cuestionó la falta de fiscalización sobre estos fondos. “No hay control estatal, los sindicatos administran estos recursos a libre albedrío”, afirmó la autoridad. En contraste, señaló que las entidades públicas sí deben someterse a auditorías y rendiciones de cuentas.
Gobierno plantea revisar el sistema de aportes sindicales
El ministro puso en duda la magnitud del gasto y aseguró que podría superar incluso el presupuesto del Órgano Legislativo. En ese contexto, planteó la necesidad de revisar el actual sistema de financiamiento sindical.
Además, insistió en que una evaluación integral debería incluir a todos los sectores no registrados para dimensionar el costo real, que —según sus estimaciones— alcanzaría los Bs 70 millones anuales.



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