El Gobierno nacional reiteró su convocatoria a un diálogo amplio con sectores sociales, productivos y políticos, en medio del paro indefinido que impulsa la Central Obrera Boliviana (COB). La medida fue definida en el cabildo del 1 de mayo en El Alto y ha generado tensión en distintos puntos del país.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que el Ejecutivo mantiene su apertura para alcanzar acuerdos, pero cuestionó la legitimidad de las protestas. Según la autoridad, las medidas de presión responderían a intereses políticos más que a demandas sectoriales no atendidas.
Gobierno insiste en diálogo nacional como vía de solución
Gálvez afirmó que el Ejecutivo busca construir soluciones conjuntas mediante un “gran encuentro nacional”. En este espacio, el Gobierno pretende reunir a actores clave de la economía y la política para abordar los conflictos actuales.
Según declaraciones a medios, el vocero subrayó que ya existen avances en reuniones con sectores como transportistas, gremialistas, campesinos, mineros y maestros. Estas gestiones, indicó, reflejan la disposición del Gobierno para negociar sin recurrir a medidas de presión.
El Ejecutivo planteó cambiar el enfoque tradicional de negociación. En lugar de pliegos petitorios, propone desarrollar planes de trabajo coordinados que apunten a soluciones estructurales.
Además, Gálvez mencionó la necesidad de aprobar créditos externos para mejorar la infraestructura vial, especialmente carreteras. Este punto forma parte de una agenda económica más amplia orientada a dinamizar el crecimiento.
Cuestionamientos al paro de la COB y su representatividad
El vocero presidencial cuestionó directamente la medida de la COB. Afirmó que la organización “no representa a toda la economía del país” y que sus acciones afectan a otros sectores productivos.
Asimismo, sostuvo que cuando el Gobierno atiende demandas y aun así continúan los paros o bloqueos, se evidencia una “intencionalidad política”. Esta postura marca una diferencia clara entre el Ejecutivo y la dirigencia sindical.
Gálvez también alertó sobre posibles riesgos institucionales. Señaló que cualquier planteamiento que busque alterar el orden constitucional “no es correcto ni legal”.
En esa línea, indicó que existen sectores interesados en generar inestabilidad. Aunque no precisó nombres, remarcó la necesidad de preservar el marco democrático vigente.
Impacto económico y conflicto con el transporte
El Gobierno advirtió que los bloqueos y paros generan pérdidas millonarias diarias. Según el vocero, estas medidas afectan directamente a la economía nacional y a la actividad productiva.
En relación con el conflicto del transporte, Gálvez aseguró que el suministro de combustible está garantizado. Indicó que la gasolina cumple estándares de calidad y que la provisión de diésel está asegurada tras procesos de verificación.
No obstante, reconoció que persiste desconfianza en algunos sectores. Por ello, planteó instalar mesas de trabajo para restablecer la credibilidad y evitar nuevas medidas de presión.
Llamado final a concertación nacional
El Ejecutivo reiteró su llamado a instalar un diálogo amplio e inclusivo. “Es momento de conversar y construir soluciones de manera conjunta”, enfatizó Gálvez.
La administración considera que el diálogo es la única vía para reducir tensiones y evitar mayores impactos económicos. En este contexto, insiste en que todos los sectores participen en la búsqueda de acuerdos sostenibles.




Sé el primero en dejar un comentario