La Sala Constitucional Segunda de El Alto otorgó tutela a una acción popular contra autoridades del sector hidrocarburos y fijó plazos estrictos para corregir la calidad del combustible en Bolivia. La resolución obliga al Gobierno, a YPFB y a la ANH a implementar medidas inmediatas.
Según informó el senador del PDC, Wilder Veliz, la audiencia se realizó el jueves y determinó que las autoridades deben ejecutar un plan integral en un plazo de 10 días hábiles. La decisión responde a denuncias sobre la “mala” calidad de la gasolina y busca proteger los derechos de la población.
Justicia fija plazos para plan de contingencia y reparación
La resolución constitucional establece que el ministro de Hidrocarburos, la presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) deben actuar de forma coordinada.
El fallo ordena que, en un máximo de 10 días hábiles, las autoridades aprueben e implementen un plan integral. Este plan debe incluir medidas de contingencia, reparación y prevención en la adquisición de gasolina de calidad. Además, debe contemplar acciones concretas para resguardar los derechos de los consumidores.
Veliz explicó que los demandados también deben presentar informes ante la Sala Constitucional sobre el cumplimiento de estas disposiciones.
Mecanismo de compensación mediante seguros
La justicia también fijó un segundo plazo. Las autoridades tienen 15 días hábiles para activar mecanismos de reparación de daños a través de seguros.
De acuerdo con el legislador, esta medida busca resarcir de forma integral los perjuicios ocasionados por la distribución de combustible de baja calidad. El objetivo es que los afectados reciban compensaciones económicas de manera efectiva.
Advertencia de procesos penales por incumplimiento
El fallo incluye sanciones en caso de incumplimiento. Veliz advirtió que, si las autoridades no acatan la resolución dentro de los plazos establecidos, se activarán acciones legales.
Estas acciones podrían derivar en procesos penales por incumplimiento de resoluciones constitucionales. La medida busca garantizar que las disposiciones judiciales se ejecuten sin dilaciones.
Contexto: cuestionamientos a la calidad de la gasolina
La acción popular surge en medio de crecientes denuncias sobre la calidad del combustible en el país. Usuarios reportaron daños en vehículos y afectaciones económicas, lo que motivó la intervención judicial.
La decisión de la Sala Constitucional marca un precedente al exigir no solo soluciones inmediatas, sino también mecanismos de prevención para evitar que el problema se repita.








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