Este lunes, la Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba, junto a afiliados de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), realizó un “tractorazo” en el centro de la ciudad. El objetivo fue exigir al Gobierno nacional la aprobación de un reajuste de precios para las obras públicas mediante un Decreto Supremo, compromiso pendiente desde noviembre de 2025.
Los dirigentes del sector advirtieron que el aumento de los costos de mano de obra, materiales y combustible ha encarecido los proyectos estatales. Por ello, temen paralizaciones y la pérdida de hasta 500 mil empleos vinculados al sector de la construcción.
Reajuste de precios: demanda histórica del sector
Desde noviembre de 2025, los constructores esperan la emisión de un Decreto Supremo que actualice los costos de las obras públicas. De acuerdo con representantes de la Cámara Departamental de la Construcción, el ajuste ya había sido consensuado con el equipo técnico del Gobierno. Sin embargo, hasta ahora no se concretó.
“Es indispensable que se apruebe el reajuste para garantizar la continuidad de los proyectos y la estabilidad laboral de miles de trabajadores”, afirmó un dirigente del sector. Además, insistió en que cada mes de demora afecta la ejecución de obras.
Impacto económico y social de la paralización de obras
El sector constructor señaló que la falta de actualización de precios aumenta los costos imprevistos de los proyectos públicos. Esto afecta directamente la planificación estatal y puede retrasar la entrega de infraestructuras esenciales.
Asimismo, advirtieron que la paralización de obras podría derivar en la pérdida de hasta 500 mil empleos directos e indirectos. En consecuencia, la economía local y la infraestructura pública se verían seriamente afectadas.
Apoyo de instituciones de ingeniería y arquitectura
La protesta contó con el respaldo de otras organizaciones del sector. Entre ellas destacan la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y el Colegio de Arquitectos de Bolivia. Ambas coincidieron en que la actualización de los precios es fundamental. Sin ella, muchos proyectos estratégicos podrían detenerse y generar pérdidas económicas.
Los dirigentes anunciaron que mantendrán la presión sobre el Gobierno hasta lograr la emisión del Decreto Supremo. Además, adelantaron que nuevas movilizaciones podrían replicarse en otras ciudades si no se atiende su solicitud. Por lo tanto, el sector se prepara para acciones coordinadas a nivel nacional.




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