
El exministro de Gobierno Arturo Murillo envió una carta al presidente Rodrigo Paz en la que se declara víctima de persecución política y solicita una auditoría a los procesos judiciales abiertos en su contra. En el documento, presentado en la Casa Grande del Pueblo, afirma que se encuentra “injustamente detenido”.
Murillo cumple seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro, en La Paz. Según su versión, enfrenta más de 28 procesos judiciales que, a su criterio, fueron impulsados por el Movimiento al Socialismo (MAS). Por ello pidió al mandatario ordenar una revisión de su situación jurídica.
Murillo solicita auditoría a sus procesos judiciales
En la carta dirigida al jefe de Estado, el exministro asegura que su pedido no busca favores políticos. Sin embargo, solicitó una revisión integral de los expedientes en su contra desde las instancias estatales.
“Le pido únicamente que ordene una auditoría a mi situación jurídica desde las reparticiones a su cargo”, señala el documento.
Murillo también recordó su relación política con el actual presidente. Según la misiva, ambos compartieron sus primeras experiencias políticas como diputados entre 2006 y 2009. En ese contexto, expresó su satisfacción por la llegada de Paz a la Presidencia.
El exministro insistió en que aceptará las consecuencias si se comprueba alguna responsabilidad penal. No obstante, remarcó que actualmente cumple una detención preventiva que considera injustificada.
Denuncia persecución política del MAS
En su carta, Murillo sostiene que los procesos judiciales responden a una campaña de persecución impulsada por el Movimiento al Socialismo. Según afirma, el Ministerio Público y parte del sistema judicial mantienen una línea de acción política contra su persona.
“El Ministerio Público y gran parte del Poder Judicial siguen en manos del MAS, bajo la misma metodología de tortura judicial y la instrumentalización del proceso penal”, señala el documento.
También denunció que sus bienes fueron secuestrados en el marco de las investigaciones. De acuerdo con su versión, estas medidas también afectaron a familiares y allegados.
Defensa sostiene que la detención preventiva ya no se justifica
El abogado del exministro, Giovani Machicao, afirmó que Murillo ya cumplió seis meses de detención preventiva sin que se hayan realizado nuevas diligencias investigativas relevantes.
Según el jurista, una revisión del expediente en el Ministerio Público mostraría que no se ejecutaron actos investigativos adicionales que justifiquen mantener la medida cautelar.
Machicao sostuvo que, conforme a la normativa vigente, correspondería una cesación o modificación de la detención preventiva. Además argumentó que Murillo es una persona de la tercera edad y que su vida podría correr riesgo dentro del penal de San Pedro debido a la presencia de grupos criminales.
El abogado aclaró que la carta enviada al presidente busca que el Gobierno realice un seguimiento institucional para garantizar los derechos del exministro. “No se está pidiendo ningún tipo de favor político”, afirmó.
Antecedentes: detención tras expulsión desde EEUU
Murillo permanece detenido en Bolivia desde septiembre del año pasado, luego de ser expulsado de Estados Unidos. En ese país cumplió una condena por lavado de dinero vinculado a hechos de corrupción.
En Bolivia enfrenta alrededor de 28 procesos judiciales, de los cuales cuatro incluyen detención preventiva. Varias de las causas están relacionadas con presuntos actos de corrupción durante su gestión, entre ellos el caso de la compra de gases lacrimógenos con presunto sobreprecio.





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