La reestructuración técnica de YPFB continúa con la desvinculación de 410 funcionarios hasta la fecha. Esta decisión forma parte de un plan institucional orientado a optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la transparencia en la empresa estatal.
Además, la administración sostiene que el ajuste busca corregir irregularidades heredadas de gestiones anteriores. En ese sentido, el presidente de la compañía, Yussef Akly Flores, afirmó que se procesará a quienes hayan causado daño económico o técnico a la entidad.
irregularidades administrativas y presunto nepotismo
Según un informe de Talento Humano Corporativo, se detectaron designaciones presuntamente irregulares en el Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. En consecuencia, la actual gerencia inició procesos legales para anular nombramientos cuestionados.
Por otro lado, el análisis administrativo apunta a posibles vínculos políticos con el Movimiento Al Socialismo en anteriores gestiones. Asimismo, se investigan traslados jerárquicos que habrían ocultado responsabilidades internas.
Del mismo modo, existen indicios de nepotismo al haberse facilitado el ingreso de familiares sin verificar plenamente los perfiles profesionales exigidos. Por ello, se revisa la documentación laboral de varios funcionarios para asegurar el cumplimiento de estándares técnicos.
Sospecha de sabotaje y denuncias sobre calidad del combustible
La empresa atribuye las denuncias de conductores sobre fallas en motores y bajo rendimiento de la gasolina a un posible sabotaje interno. De acuerdo con la información institucional, estructuras organizadas habrían buscado desestabilizar la operación y la gobernabilidad.
En consecuencia, el Gobierno impulsa investigaciones formales con apoyo del Ministerio Público de Bolivia. Las acciones legales se aplicarán con todo el peso de la ley contra los responsables de delitos que afecten a la población.
Control de plantas, lucha anticorrupción y seguridad energética
Desde el 11 de noviembre de 2025, YPFB ejecuta medidas anticorrupción que incluyen la intervención de distritos comerciales y el seguimiento a los casos Botrading I y Ampliación Botrading II. Además, se investigan denuncias de venta irregular de combustible en el Distrito Comercial Amazónico.
Por otra parte, la compañía fortaleció el control físico de plantas estratégicas con respaldo del Ejército de Bolivia. Estas acciones buscan prevenir alteraciones operativas y garantizar el abastecimiento nacional.
Finalmente, la empresa promueve mejoras técnicas en la gasolina mediante el uso de aditivos, mayor control de calidad y la activación de un seguro solidario. En síntesis, la administración insiste en recuperar la confianza ciudadana mediante una gestión energética más transparente y técnica.
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