El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, solicitó este lunes al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, información sobre la venta de combustible “caro y de pésima calidad”. Con esta medida, busca iniciar una denuncia penal contra los responsables del daño económico al Estado y de los motores de numerosos vehículos.
Lara presentó la solicitud formal y la hizo sellar debidamente. Además, incluyó un pedido de auditoría integral para revisar la gestión de YPFB y la distribución del combustible.
En particular, pidió detalles sobre una empresa argentina contratada directamente para controlar la calidad y distribución del combustible. Según Lara, esta compañía no cumplió su función, y posteriormente canceló el contrato antes de ejecutar la boleta de garantía.
“La empresa no cumplió su función y luego canceló el contrato, impidiendo ejecutar la boleta de garantía”, afirmó Lara.
Motivos y alcance de la investigación
El vicepresidente explicó que la auditoría busca aclarar todas las acciones de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Subrayó que la investigación no responde a intereses políticos ni personales, sino a la protección del Estado y de los ciudadanos.
“No somos enemigos del presidente de Yacimientos ni de nadie; somos enemigos de la corrupción”, dijo Lara.
El objetivo principal es que los presuntos delitos no queden impunes. Los responsables deberán rendir cuentas ante la justicia y reparar el daño económico causado al Estado.
Mensaje a la ciudadanía y defensa de la iniciativa
Lara envió un mensaje directo a transportistas y ciudadanos. Reafirmó su compromiso de luchar contra la corrupción y proteger los intereses del pueblo boliviano.
Además, anticipó posibles intentos de desacreditación por parte de legisladores aliados a autoridades actuales. Sobre ello, afirmó:
“La conciencia está tranquila. Nuestra lucha es pura, sincera y siempre a favor del pueblo boliviano”.
Próximos pasos en la investigación
Con la solicitud de información y la auditoría integral, Lara dará inicio a la revisión de contratos, procesos de control de calidad y cumplimiento de garantías por parte de proveedores externos.
En las próximas semanas, esta investigación podría derivar en denuncias penales contra los responsables de la distribución de combustible de mala calidad. Además, la auditoría permitirá identificar irregularidades y prevenir daños futuros al Estado y a los ciudadanos.








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