
El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, alertó que Santa Cruz es el departamento más afectado por el avasallamiento de tierras en Bolivia. Según estimaciones del sector agropecuario, alrededor de 90.000 hectáreas estarían ocupadas de forma ilegal. Ante este escenario, el Gobierno activó una política de “cero tolerancia” y anunció auditorías al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
El viceministro recordó que el avasallamiento constituye un delito tipificado a nivel nacional. Sin embargo, aclaró que el problema no se concentra únicamente en Santa Cruz.
En declaraciones a Red Uno, Vaca Díez explicó que también existen tomas ilegales en Cochabamba, Tarija y en territorios de la Nación T’simane, en Beni. No obstante, Santa Cruz lidera las denuncias por la magnitud de los predios afectados.
Estimaciones sin datos oficiales consolidados
De acuerdo con información de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), no existen cifras oficiales definitivas. Aun así, las estimaciones sectoriales permiten dimensionar el problema.
Según esos datos, en Santa Cruz habría unas 90.000 hectáreas avasalladas. Además, el número de predios tomados ilegalmente rondaría los 300.
En ese contexto, la autoridad señaló que la afectación va más allá del conflicto legal. También impacta en la producción y en la seguridad jurídica.
Objetivo: desarticular mafias y sancionar cabecillas
Frente a este escenario, el Gobierno activó una estrategia nacional de “cero tolerancia” al avasallamiento. El plan apunta, principalmente, a terminar con las tomas ilegales.
Asimismo, la política busca encarcelar a los cabecillas de las organizaciones que operan como mafias. Según Vaca Díez, estas estructuras actúan de forma coordinada y con información previa.
Por esa razón, Santa Cruz fue priorizada como punto de intervención inicial.
“Brazo operativo” de los avasalladores
En otro eje central, el viceministro ratificó sus denuncias contra el INRA. Afirmó que la institución funcionaba como un “brazo operativo” de los avasalladores.
Según explicó, los ocupantes ilegales llegaban a los predios con datos precisos. Esa información, sostuvo, provenía de registros internos del INRA.
Por lo tanto, el Gobierno decidió avanzar con una intervención técnica. El objetivo es cortar cualquier vínculo entre funcionarios y tomas ilegales.
Peritos informáticos y control económico
Como parte del plan, el Ejecutivo anunció una auditoría integral multidisciplinaria al INRA. Esta incluirá peritos informáticos para revisar el manejo de la información tecnológica.
Además, se fiscalizará la gestión económica. Vaca Díez advirtió que existen recursos de la comunidad internacional bajo observación.
En ese marco, señaló que hay 40 millones de dólares en puerta para concluir el saneamiento de tierras. Por ello, remarcó la necesidad de máxima transparencia.
Despolitización del INRA y respeto a la propiedad privada
Finalmente, el plan estratégico apunta a despolitizar el INRA. La intención es devolverle su carácter técnico y fortalecer su rol institucional.
De acuerdo con la autoridad, esta medida permitirá garantizar el respeto irrestricto a la propiedad privada en todo el país. No obstante, subrayó que toda investigación debe realizarse dentro del marco legal.
“Hay que investigar y sancionar, pero siempre en el marco de la ley”, enfatizó.
Operativos en Guarayos y resistencia en el terreno
La semana pasada, el Gobierno coordinó acciones con la Gobernación de Santa Cruz, el Ministerio Público y la Policía. El objetivo era ingresar a zonas avasalladas en la provincia Guarayos.
Sin embargo, supuestos avasalladores atacaron a la comitiva oficial. Ante esa situación, el gobernador Luis Fernando Camacho anunció que los operativos se retomarán en los próximos días.
Así, el conflicto por tierras sigue activo. Mientras tanto, el Ejecutivo reafirma su política de intervención y control.








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