
La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruíz, anunció que el Órgano Judicial participará en un plan interinstitucional para el desalojo de predios avasallados en Bolivia. La propuesta se presentó este jueves durante la cumbre agraria y busca garantizar el respeto al derecho propietario mediante el debido proceso.
El plan contempla un análisis técnico-jurídico caso por caso y operativos coordinados con el Ministerio Público y la Policía Boliviana. Según la autoridad judicial, el objetivo es ejecutar desalojos legales, ordenados y sin vulnerar derechos constitucionales.
Análisis técnico-jurídico previo a cada desalojo
Ruíz explicó que la estrategia parte de una evaluación individual de cada predio afectado. Este análisis definirá las acciones legales y operativas a seguir, según declaró a Unitel.
La decana recalcó que la coordinación institucional permitirá ingresar a los predios de forma gradual.
El proceso buscará evitar excesos y garantizar el debido proceso en cada intervención.
Coordinación con Fiscalía y Policía Boliviana
El plan incluye acciones operativas conjuntas con el Ministerio Público y la Policía Boliviana.
Estas instituciones acompañarán los desalojos para asegurar su ejecución y reducir riesgos.
Ruíz indicó que los jueces agrarios lideran los procedimientos de desalojo.
La presencia de la fuerza pública busca prevenir agresiones contra autoridades judiciales.
Rol de los jueces agrarios
Los jueces agrarios emitirán las disposiciones correspondientes para cada caso. Estas decisiones deberán estar respaldadas por informes técnicos y legales, según el TSJ.
La decana del TSJ se dirigió a los avasalladores y pidió que abandonen los predios ocupados. “Llamamos a la ciudadanía a respetar el derecho propietario”, afirmó.
Ruíz recordó que la Constitución Política del Estado garantiza la propiedad privada y advirtió que la ley se hará respetar en el marco de las acciones anunciadas.
Identificación de cabecillas y sanciones judiciales
Durante la cumbre agraria, el presidente Rodrigo Paz afirmó que no se dará espacio a “mafias organizadas” dedicadas al avasallamiento de tierras.
Aseguró que el Estado garantiza la propiedad privada en Bolivia.
Al respecto, Ruíz señaló que el Ministerio Público debe identificar a los cabecillas.
Luego, los jueces deberán sancionarlos conforme a la normativa vigente.







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