
Las redes que antes traficaban diésel están redirigiendo sus operaciones hacia el Gas Licuado de Petróleo (GLP), según confirmó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, en medio de una creciente presión sobre el mercado interno del combustible doméstico. El cambio de foco de estas estructuras ilegales ha provocado distorsiones en la distribución, restricciones de venta y largas filas en distintas ciudades del país.
La autoridad advirtió que este fenómeno responde a una lógica de rentabilidad criminal, impulsada por los precios subvencionados del GLP en Bolivia, que lo convierten en un producto atractivo para su reventa fuera del país.
Las mafias del diésel cambian de producto
De acuerdo con Medinaceli, los grupos que hasta hace poco operaban en el contrabando de diésel han encontrado en el GLP un nuevo mercado ilegal. El ministro explicó que estas organizaciones no desaparecieron, sino que reconfiguraron su negocio hacia un combustible que mantiene alta demanda interna y fuerte diferencia de precios con países vecinos.
“Esos grupos mafiosos ahora están volteando su mirada al GLP”, afirmó el ministro a Unitel, al describir el desplazamiento de estas redes hacia un producto que se vende a un precio regulado en el mercado nacional.
Un desvío que impacta al mercado interno
El Gobierno estima que alrededor del 20% del GLP distribuido diariamente está siendo desviado hacia actividades ilegales. Este volumen, que sale del circuito formal, reduce la disponibilidad en las ciudades y genera escenarios de escasez artificial.
En paralelo, el consumo nacional de GLP subió de 1.400 a 1.700 toneladas por día, lo que amplifica el impacto del contrabando sobre la oferta efectiva para los hogares.
Subsidio y contrabando: una combinación vulnerable
El GLP es uno de los combustibles más subsidiados del país y es utilizado principalmente por hogares de bajos ingresos. Precisamente esa política de protección social es la que, según el Gobierno, es explotada por las redes criminales.
La diferencia de precios entre Bolivia y los países vecinos convierte cada garrafa desviada en una fuente de ganancia ilegal, lo que incentiva el acopio y el tráfico transfronterizo.
Controles en frontera y rastreo del transporte
Ante el desplazamiento de estas mafias hacia el GLP, el Ejecutivo analiza endurecer los controles fronterizos y aplicar tecnología de rastreo electrónico para seguir el movimiento de los camiones distribuidores.
El objetivo es romper la cadena logística del contrabando, evitando que el combustible salga del circuito legal antes de llegar al consumidor final.
Garantía de precios para los hogares
Pese al impacto del desvío ilegal, el Gobierno reiteró que no incrementará el precio del GLP, al tratarse de un insumo básico para la economía doméstica.
La estrategia oficial busca proteger el poder adquisitivo de la población mientras se intenta cerrar el espacio operativo de las organizaciones criminales que migraron del diésel al gas.








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