
El diputado Carlos Alarcón pidió esta semana a la Asamblea Legislativa acelerar el tratamiento de su proyecto de “Ley Antibloqueos”, una iniciativa que busca penalizar los bloqueos de vías como delito y no como forma de protesta.
La propuesta, presentada en diciembre y actualmente en la Comisión de Justicia Plural, plantea penas de hasta 20 años de cárcel para quienes participen, instiguen o financien bloqueos violentos en el país.
El legislador de alianza Unidad sostuvo que la norma es clave para restablecer el libre tránsito, la autoridad del Estado y la seguridad jurídica.
¿Qué propone la Ley Antibloqueos?
El proyecto plantea una reforma al Código Penal para que la interrupción de vías públicas deje de considerarse una forma de protesta y pase a ser tratada como un delito criminal.
Según Alarcón, la norma busca diferenciar entre el derecho a la protesta y los actos que afectan derechos de terceros, como el libre tránsito, la integridad física y la propiedad pública y privada.
“Cualquier persona o grupo de personas que bloqueen las vías públicas impidiendo el libre tránsito (…) comete delito y no ejerce el derecho constitucional a la protesta”, afirmó el diputado a red Uno.
Escala de penas para bloqueadores, instigadores y financistas
La iniciativa establece una graduación de sanciones según el nivel de participación y la violencia empleada:
- Bloqueadores: de 3 a 6 años de cárcel.
- Instigadores y financiadores: de 5 a 8 años de reclusión.
- Bloqueos violentos: de 10 a 20 años de prisión si se atenta contra personas o bienes públicos y privados.
Estas penas buscan, según el proponente, desincentivar la organización y financiamiento de bloqueos prolongados o violentos.
Protección legal para la Policía
Uno de los ejes centrales del proyecto es otorgar garantías jurídicas a las fuerzas del orden cuando actúen para despejar vías, siempre que lo hagan de forma proporcional y necesaria.
“Se establecen las garantías para los efectivos policiales (…) para que cuando ejerzan la fuerza legal y legítima del Estado (…) no tengan ninguna responsabilidad ni penal, ni civil, ni disciplinaria ni administrativa”, explicó Alarcón.
El diputado también señaló que en zonas de alta peligrosidad o “zonas rojas”, la Policía debe operar incluso con armas reglamentarias.
Responsabilidad solidaria por daños
La propuesta introduce además el principio de responsabilidad solidaria, que permite a una víctima demandar a cualquier bloqueador, promotor o financiador por la totalidad de los daños ocasionados.
“Es suficiente que demande a un promotor o a uno de los que está bloqueando y ese tendrá que responder por la totalidad del daño que le causó”, sostuvo el legislador.
El proyecto también plantea la abrogación de la Ley de Estado de Excepción, promulgada en 2020, al considerar que limita el uso de la fuerza legal del Estado para restablecer el orden y el libre tránsito.
Trámite legislativo y perspectivas
La iniciativa se encuentra en la Comisión de Justicia Plural, presidida por el diputado Manolo Rojas, a la espera de ser enviada al pleno de la Cámara de Diputados para su debate.
Tras el receso legislativo, Alarcón se declaró “moderadamente optimista” sobre su aprobación y advirtió que los bloqueos afectan directamente a la economía y a la inversión.
“Bolivia no puede seguir bajo la ley de la selva (…) los productos se siguen pudriendo en los caminos”, afirmó.








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