El Senado de Brasil reanuda este martes la votación del paquete de ajuste fiscal promovido por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, una reforma que busca limitar el crecimiento del gasto público y reforzar los mecanismos de control presupuestario, pero que enfrenta cuestionamientos políticos y movilizaciones sociales.
La Cámara Alta debe resolver cuatro propuestas de modificación pendientes del Proyecto de Ley Complementaria 299/2026, cuyo texto principal recibió 45 votos a favor y 31 en contra el pasado 12 de noviembre.
La iniciativa fue presentada por el senador Jaques Wagner, del Partido de los Trabajadores (PT), a solicitud del Ejecutivo. El senador Eduardo Braga estuvo a cargo de su revisión y elaboración del informe.
Alcances del paquete de ajuste fiscal
Entre los principales cambios figura una reducción del margen de expansión real del gasto estatal, que pasará del 2,5% al 2% desde 2027 cuando se activen mecanismos de contención presupuestaria.
El proyecto también establece un plazo para que el Congreso regule los denominados supersalarios del sector público. El Gobierno calcula que las disposiciones permitirían mejorar las cuentas fiscales hasta en 56.100 millones de reales, unos 11.100 millones de dólares, para 2027.
El ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, defendió la reforma y aseguró que las restricciones no disminuirán los recursos destinados a salud, educación y programas sociales.
Sin embargo, sectores de izquierda del oficialismo cuestionan que los límites al gasto puedan contradecir los compromisos de Lula sobre inversión pública y protección social. Legisladores del PT plantean aumentar la recaudación mediante impuestos a las grandes fortunas, dividendos y activos financieros exentos, además de proteger la inversión estatal de los recortes.
Protestas contra el ajuste fiscal
Las diferencias también se trasladarán a las calles. Organizaciones estudiantiles y movimientos sociales convocaron para este martes movilizaciones contra el paquete fiscal y las elevadas tasas de interés.
La jornada contempla concentraciones en Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Recife. La Unión Nacional de Estudiantes (UNE), principal impulsora de la convocatoria, reclama un presupuesto centrado en las necesidades sociales y rechaza la influencia de los mercados financieros y la banca sobre la política económica.






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