La Fiscalía de La Paz imputó formalmente al alcalde Iván Arias por el deslizamiento de mazamorra ocurrido en Bajo Llojeta en noviembre de 2024, que dejó como saldo la muerte de una niña de cinco años. El Ministerio Público acusa a la autoridad edil por los delitos de incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves, y solicitó su detención preventiva.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, explicó que la imputación se basa en 129 elementos de convicción, entre ellos declaraciones de víctimas, inspecciones técnicas y documentación enviada por la propia Alcaldía, que demostrarían omisiones en la fiscalización y prevención de riesgos por parte de Arias. Según la Fiscalía, el alcalde, como máxima autoridad ejecutiva, tenía la atribución de sancionar construcciones ilegales y ordenar demoliciones, lo que no habría hecho.
Desde la Alcaldía, la directora de Asuntos Jurídicos, Amparo Morales, informó que aún no fueron notificados oficialmente, pero que la solicitud de detención preventiva ya fue registrada en el sistema judicial.
La empresa Kantutani es señalada como responsable de realizar movimientos de tierra para ampliar su cementerio, lo que habría provocado la inestabilidad del terreno. La Alcaldía ha insistido en que la responsabilidad recae sobre esa firma y ha cuestionado la falta de avances en la extradición de Iturralde.
El caso pone en entredicho la gestión de riesgos en el municipio paceño y abre un nuevo capítulo de tensión entre el gobierno local y el Ministerio Público. La decisión sobre la detención preventiva de Arias quedará en manos del juez que atienda la causa.
Arias rechaza imputación por caso Bajo Llojeta
El alcalde de La Paz, Iván Arias, criticó este martes su imputación formal en el caso del deslizamiento en Bajo Llojeta, ocurrido el 23 de noviembre de 2023. “Estoy indignado y dolido”, afirmó en una rueda de prensa, donde denunció una persecución política en su contra y aseguró que la Alcaldía ha sido la única entidad que ha actuado en la emergencia.
Arias relató que se enteró de la imputación cuando acudía a la Fiscalía por otro caso. “El principal autor sigue prófugo y piden mi detención. Es absurdo”, cuestionó, en alusión a Luis Iturralde, representante de la empresa Kantutani, presunta responsable de los movimientos de tierra que habrían provocado el deslizamiento.
El burgomaestre defendió su actuación ante el desastre, asegurando que funcionarios municipales, técnicos y obreros continúan trabajando en la zona desde el primer día, incluso con labores de asistencia social a los afectados. “Mientras nosotros salvamos vidas, a quienes provocaron el daño los protegen”, denunció.
Arias también lamentó que el proceso judicial haya tomado un giro político. “Ya no es un juicio técnico, es una intencionalidad política muy fuerte que la tienen conmigo hace tiempo”, aseguró, al tiempo que pidió a la población paceña estar atenta al desarrollo del caso.
Implicaciones clave: La solicitud de detención preventiva contra una autoridad electa podría tener repercusiones políticas y jurídicas de alto impacto, sobre todo en un contexto donde aún no se ha logrado la captura del principal acusado por el desastre. Además, el caso reabre el debate sobre el uso de la justicia en conflictos entre niveles de poder.
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