

La reciente actualización de la cartografía electoral en Bolivia, publicada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado miércoles, ha desatado un nuevo enfrentamiento entre los departamentos de Beni y Santa Cruz. El foco del conflicto es la localidad de Piso Firme, tradicionalmente administrada por el municipio cruceño de San Ignacio de Velasco, pero que ahora ha sido oficialmente incorporada al territorio beniano. Mientras Beni celebra la resolución como un logro, Santa Cruz la rechaza y prepara acciones legales para impugnarla.
El gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, defendió la decisión del TSE y la calificó como un “triunfo de gestión”. “Presentamos una defensa sólida, tanto jurídica como técnica, que respalda nuestra posición”, afirmó, destacando que la determinación reconoce los argumentos históricos y legales del departamento.
En contraste, Santa Cruz expresó su malestar por la medida. La diputada María René Álvarez, del partido Creemos, denunció que la nueva cartografía excluye a Piso Firme de los polígonos cruceños, ignorando su vinculación administrativa y social con San Ignacio de Velasco. Álvarez presentó la resolución 012/2025 del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, que reconoce a Piso Firme como parte del departamento por haber sido habilitado como asiento electoral mediante ley.
El diferendo no es nuevo. En 2024, el Viceministerio de Autonomías y líderes del Pueblo Chiquitano acordaron que Piso Firme sería censado como parte de Santa Cruz, en línea con los registros de 2012 y la identificación cultural de la comunidad con el municipio cruceño. Un acta firmada entonces garantizó que el censo respetaría ese marco legal. Sin embargo, la cartografía actual contradice dicho acuerdo y reasigna la localidad a Beni.
Santa Cruz sostiene que el TSE carece de autoridad para zanjar unilateralmente la delimitación de Piso Firme y exige una revisión. “La Gobernación debe actuar de inmediato ante el ente electoral”, instó Álvarez, advirtiendo que la decisión vulnera derechos territoriales ya consolidados. Los cruceños también invocan el artículo 146 de la Constitución, que exige continuidad geográfica en las circunscripciones uninominales sin cruzar límites departamentales, como base para su impugnación.
El conflicto amenaza con intensificarse. Santa Cruz evalúa estrategias legales y políticas para reafirmar su soberanía sobre Piso Firme, mientras Beni, respaldado por el TSE, consolida su postura. La disputa, lejos de resolverse, pone en evidencia las tensiones limítrofes entre ambos departamentos y anticipa la necesidad de una intervención nacional para encontrar una solución definitiva.
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