La Paz ha decidido instalar Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) en cerca de 25.000 vehículos de transporte público de pasajeros. A simple vista, podría parecer un anuncio más surgido desde la sede de gobierno, pero en realidad marca un paso significativo hacia el control que tanto necesita este servicio.
Basándome en lo que observé en las ciudades de los países que visité, puedo afirmar que Bolivia tiene uno de los peores sistemas de transporte público del mundo, tanto en el ámbito urbano como en el intermunicipal o de larga distancia. Este año, esa realidad se hizo dolorosamente evidente: en menos de tres meses, los accidentes de tránsito cobraron más de 150 vidas. En cualquier otro país, una cifra así habría desatado una movilización masiva y la asignación urgente de recursos para soluciones de emergencia. Pero esto es Bolivia, donde la vida humana parece haber perdido valor. La respuesta aquí se limitó a una reunión en Potosí —la región más golpeada por estos siniestros— para reconocer que las cosas están mal y buscar soluciones. De paso, se montó un breve espectáculo en la terminal de buses, con controles a los vehículos que partían. Y eso fue todo. Ahora, las autoridades y los políticos parecen haber olvidado el tema, enfrascados en sus propios asuntos, incluida la carrera hacia las elecciones de agosto.
Mientras tanto, el servicio sigue siendo deficiente, y el transporte urbano —el que usamos todos— se lleva la peor parte. En los países que visité, el transporte público está gestionado mayoritariamente por los gobiernos. Hay una variedad de opciones: buses, trenes, tranvías, metros subterráneos y elevados. También existen teleféricos, aunque suelen destinarse al turismo. El mérito del teleférico de La Paz es haberse concebido como un sistema de transporte masivo, y hasta ahora cumple esa función con resultados positivos para la mayoría de sus usuarios.
Sin embargo, el teleférico es una empresa pública cuyos costos se cubren con recursos fiscales. Lo recaudado por la venta de pasajes debería, idealmente, solventar esos gastos y generar excedentes. En otros países, esto es habitual: el Estado paga los sueldos de los conductores, quienes se enfocan en cumplir horarios y rutas, no en recoger la mayor cantidad de pasajeros posible. En Bolivia, en cambio, el Estado optó por desentenderse del transporte público y dejó el servicio en manos de privados. Estos, a su vez, han creado un monopolio tácito que, al priorizar sus intereses, bloquea cualquier reforma significativa.
Bolivia arrastra uno de los peores servicios de transporte público del mundo, y los efectos de esta realidad son innegables. Mejorarlo debería ser una prioridad ineludible. Es hora de que los políticos lo consideren al diseñar sus planes de gobierno para las próximas elecciones.
Juan José Toro Montoya es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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